El Gobierno Nacional emitió un nuevo paquete de decretos que modifican impuestos y crean algunos nuevos para hacerle frente a la crisis que enfrentan algunos departamentos del país por cuenta de una temporada invernal que ha inundado varios territorios. Estos decretos llegan previo a la finalización de la declaratoria de emergencia emitida hace poco más de un mes.
Los decretos, aunque han sido celebrados por algunos, también han sido criticados por técnicos y gremios o expertos, que aseguran la inviabilidad y una estrategia detrás de ellos para lograr mayor presupuesto a través de la tragedia que viven muchos.
Una de las voces que se escucharon fue la de María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham, que aseguró que la medida es un precedente peligroso. Asegura que el decreto 0240 de 2026, que es el que define los nuevos impuestos, convierte la excepcionalidad en atajo: revive y amplía cargas tributarias, y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria.
“Además, mezcla de todo un poco: recicla decretos frenados por la Corte, retoma ideas ya intentadas en el Congreso y empuja cambios estructurales en temas propios del legislador. Si la excepción ya sirve para todo, entonces dejó de ser excepción“, indicó.
Adicional a ello, aseguró que, en vez de ajustar el gasto público, el Gobierno vuelve a cargar al sector productivo y eso lo terminan sintiendo los colombianos. “Menos dinamismo y más incertidumbre para las familias”, precisó.
En línea con ello, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, aseguró que con esta medida “el Gobierno acaba de ‘resucitar’ impuestos que la Corte Constitucional suspendió“, indicó.
Otra de las voces clave es la del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien aseguró que el Gobierno Nacional no oculta su desespero por recaudar más recursos en época electoral. “Además de las evidentes participaciones en políticas, que son ilegales, ahora se empeña en quitarles dinero a los hogares y gastarlo a su antojo”, indicó.
Aseguró además lo ya dicho por Junco, asegurando que las medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025, “pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional al pretender suplantar al Congreso en su rechazo del proyecto de ley financiamiento”, sentenció.