El proyecto de ley de Presupuesto para 2027 avanza con el tiempo en contra, pues quedan pocos días para que se cumpla la fecha límite para su aprobación en las plenarias y la conciliación entre las dos cámaras del Congreso de la República: Senado y Cámara.

La iniciativa ya cuenta con una segunda ponencia, radicada en el Legislativo este miércoles 14 de octubre, a la espera de ser anunciada para que pueda entrar en la agenda de las plenarias.

Aunque todo hasta ahora indicaba que la iniciativa, que plantea 635 billones de pesos para el funcionamiento, la inversión y el pago de la deuda del próximo año, iba sobre rieles, al parecer, hay reparos.

En el primero de los dos debates que tiene este proyecto de ley, adelantado y aprobado en las comisiones económicas del Congreso, terceras y cuartas, se incluyeron 615 proposiciones provenientes de los congresistas, que quedaron como constancia.

Para el segundo debate, según la ponencia radicada, quedaron pendientes cinco proposiciones; sin embargo, uno de los tres artículos nuevos incluidos ya genera cuestionamientos por un posible “mico”.

Comisiones económicas del Congreso debatieron el presupuesto 2027 Foto: Transmisión Youtube

El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Durguez Espinosa, es uno de los congresistas que ha salido a reclamar.

Al menos desde su perspectiva, el artículo propuesto, identificado con el número 91, no ofrece claridad absoluta sobre para qué se utilizarán los recursos que fueron recortados al servicio de la deuda.

Según el parlamentario, aunque se habló de incluir una partida específica para atender las necesidades que trajo consigo el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto, el artículo se refiere a recursos destinados al control del orden público.

Presupuesto 2027: quitan recursos al pago de la deuda para atender gastos del terremoto

Espinosa dice que no firmó la ponencia para el segundo debate, pese a que es uno de los coordinadores ponentes, porque pedirá al Ministerio de Hacienda una explicación sobre la apropiación que se esperaba que fuera para la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, de manera que se pudieran canalizar los recursos hacia las inversiones para paliar los efectos del terremoto.