Ni en diciembre, ni en ninguna época del año, los colombianos ven con buenos ojos un racionamiento eléctrico como el que ya se tuvo cuando, inclusive, fue necesario cambiar la hora del día para enfrentar la situación.
Pero más allá de las dificultades que genera en los hogares la falta de luz está la dolorosa factura que pasaría un hecho que, desde tiempo atrás vienen advirtiendo los expertos y organismos relacionados con temas energéticos.
Ahora no son solo los mensajes de S.O.S. para que se tomen medidas que eviten un racionamiento que, entre otras, podría decirse que ya empezó, con cortes periódicos de energía en algunos sectores del territorio nacional.
La firma Lumen Economic Intelligence, dirigida por Luis Fernando Mejía, quien ha liderado varias entidades, tanto públicas como privadas, en las que se hacen estudios que son referente nacional (Fedesarrollo y Planeación Nacional), adelantó los cálculos y concluyó que un racionamiento como el ocurrido en 1992 le costaría a Colombia más de $30 billones.
Pérdida de empleos
Y no es todo. Las cuentas a las que llegó Mejía evidencian el fuerte impacto que causaría una situación de penumbras. Por ejemplo, el experto concluye que “el escenario más adverso analizado por Lumen Economic Intelligence podría ocasionar la pérdida de hasta 210.000 empleos y llevar a 480.000 personas adicionales a la pobreza monetaria”. Es decir, el retroceso sería imposible de tapar.
Según el estudio de Lumen, para llegar a la conclusión expuesta se tomó en cuenta el costo económico de la energía no suministrada e incluye tanto la producción que se deja de generar como la pérdida de bienestar de los hogares.
Para Mejía, es imperativo asegurar el suministro de energía, y no como un tema coyuntural, sino como una política económica.
“Las decisiones que se tomen hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares”, afirmó Mejía, fundador, quien explicó que el ejercicio realizado considera tres escenarios de racionamiento a partir de la temporada seca 2026-2027.
Para establecer los resultados que se están presentando, el estudio contempla distintas proporciones de demanda no atendida y duraciones. “El escenario más severo replica la profundidad y la duración del racionamiento de 1992-1993, cuando el país dejó de atender cerca de 2.400 gigavatios-hora, el 6,8 % de la demanda, durante 343 días”, afirmó el experto.
Allí, el panorama se volvería lúgubre, pues “la interrupción del suministro eléctrico afectaría la capacidad de las empresas para producir y sostener sus puestos de trabajo, con consecuencias directas sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares”, señala el documento.
Alternativas para evitar la hecatombe
Pero el estudio no se queda en la alerta. También plantea alternativas para actuar a tiempo.
La primera de ellas apunta a asegurar la disponibilidad de generación térmica durante la temporada seca. Esa es la energía que fue ampliamente criticada en el gobierno anterior y que, al final, fue la que salvó al país de quedarse a oscuras en el anterior fenómeno de El Niño.
Para poder contar con energía térmica, a su vez, se requiere “garantizar el suministro de gas y combustibles líquidos, realizar los mantenimientos necesarios y asegurar que las plantas cuenten con liquidez para sostener su operación”, señala el informe.
Además, Mejía enfatizó en que se requiere la remuneración y los mecanismos de pago que permitan respaldar esa disponibilidad energética al sistema.
El estudio de Lumen también recomienda anticipar la gestión de la demanda mediante incentivos al ahorro y campañas concentradas en las horas de mayor exigencia para el sistema.