Una expectativa distinta a la de años anteriores tienen hoy los empresarios colombianos, que ya tuvieron su primera reunión tripartita para escuchar de primera mano la posición del gobierno en relación con el alza del salario mínimo.
Durante ese primer encuentro que se dio desde octubre, previendo que la concertación de la política salarial para tomar esa decisión es uno de los temas del último trimestre de cada año, se avivaron los ánimos para que esta vez, la cifra que se decida no termine siendo impuesta por decreto unilateral.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, presidió la reunión en la que participaron trabajadores, el gobierno y representantes del sector privado, y allí tomaron una importante decisión que envía las primeras señales de cómo se llevará a cabo la negociación.
Entre los tres actores acordaron una mesa técnica y jurídica: recibirán comentarios hasta el 9 de octubre y se reunirán nuevamente el 13 octubre.
Según afirmó la ministra, el derrotero será “escuchar antes de decidir”, lo que, sin embargo, “no implicará pensar igual. Significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad necesita confianza y reglas claras”.
Varios temas que hacen parte del entorno laboral salieron a colación en ese primer encuentro. Entre ellos, lo que tiene que ver con la inspección laboral, las plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, el acoso, la tercerización y la negociación colectiva.
De acuerdo con lo manifestado por la ministra, en esta oportunidad se buscará que los debates sobre política salarial no solo sean tema de fin de año, cuando se decide sobre el incremento que aplicará en el siguiente año.
Revisión de normas expedidas con anterioridad
La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, puso sobre el tapete la posibilidad de que normas expedidas durante la administración anterior puedan ser revisadas, de manera que se establezca si excedieron la potestad reglamentaria o abordaron materias reservadas al legislador.
Gutiérrez enfatizó en que, lo que se debe garantizar es “el respeto por la Constitución, la ley, las competencias institucionales y la separación de poderes”.
Entre 2022 y 2026 los incrementos en el salario mínimo han sido casi todos de dos dígitos, destacándose el aplicado en 2026, que fue del 23 %, en un contexto en el cual, el gobierno pasado argumentaba la necesidad de defender el poder adquisitivo de los trabajadores. Ello, sin que se tuviera en cuenta el efecto que esto podría tener en la generación de empleo. Además del alza, se sumó también el paquete de medidas con la reforma laboral, que, a juicio de los empresarios, subió el costo de la nómina, lo que puede conducir a que los ciudadanos terminen en la informalidad como consecuencia de recortes de personal.