La expedición del Decreto 1197 de 2025, mediante el cual el Gobierno redujo a cero el arancel para varias partidas de hilados importados, generó preocupación entre los productores de algodón del país. Conalgodón, gremio que agrupa a pequeños y medianos agricultores, advirtió que la decisión podría agravar la ya compleja situación del sector y comprometer la viabilidad de la próxima cosecha.
Según el comunicado del gremio, el solo anuncio de la medida ya había impactado negativamente la siembra del segundo semestre, pues generó incertidumbre entre los agricultores sobre la demanda futura de fibra nacional.
Ahora, con el decreto en firme, señalan que la comercialización de la cosecha 2025-2026 en regiones como la Costa y los Llanos Orientales está en riesgo.
Los productores cuestionan que la medida no incluyera ningún tipo de protección para la industria local, pese a que habían presentado a los ministerios de Comercio y Agricultura propuestas como esquemas de cupos o aranceles diferenciales que permitieran absorber primero la producción nacional antes de acudir a las importaciones. A su juicio, la apertura total sin una transición deja al sector expuesto a condiciones de competencia difíciles de enfrentar.
Conalgodón estima que la desaparición del mercado interno, calculado en cerca de 20 mil toneladas de fibra, podría traducirse en la pérdida de unos 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos, especialmente en hilanderías que operan con mano de obra mayoritariamente femenina.
Empresas como Fabricato, Colhilados, Hilandería Universal, Miratex y Lafayette podrían ver afectada su operación ante la reducción en la demanda de algodón local.
El gremio enfatiza que mantener activa la industria hilandera es fundamental para garantizar la compra de la producción nacional, sostener el empleo y cumplir con los requisitos de origen exigidos para exportar manufacturas de algodón a mercados como Estados Unidos, México y la Unión Europea.
Finalmente, Conalgodón cuestionó la coherencia del Gobierno en materia agroindustrial; aunque han participado en mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Agricultura, afirma que la expedición del decreto contradice los lineamientos de reindustrialización que el propio Ejecutivo ha promovido.