SEMANA: ¿En qué circunstancias queda el sector que usted representa, al cierre del Gobierno de Gustavo Petro?
Frank Pearl: El sector de petróleo, gas y combustibles líquidos cierra este Gobierno con un panorama negativo para la seguridad energética y la competitividad del país. Aunque sigue siendo fundamental para el abastecimiento, las finanzas públicas, el empleo y el desarrollo regional, enfrenta un deterioro en variables clave como la exploración, la incorporación de reservas, la atracción de inversión y la viabilidad operacional. Las exportaciones de petróleo y derivados representaron el 25 % del total en 2025 frente al 33 % en 2022, y el PIB de extracción de petróleo y gas cayó al 2,1 % (4 % en 2022), acumulando más de seis trimestres consecutivos con variaciones negativas.
Desde 2022 no se asignan nuevas áreas para exploración, y Colombia dejó de ser autosuficiente en gas natural desde finales de 2024: las importaciones ya representan cerca del 25% de la demanda nacional. El gas importado es generalmente más costoso que el producido localmente. Las reservas probadas se ubican en 7,2 años para petróleo y 5,9 años para gas, lo que, de continuar esta tendencia, obligará al país a realizar importaciones estructurales de crudo para abastecer las refinerías, pues no se están reponiendo las reservas que se consumen.
A esto se suma una creciente conflictividad social en los territorios, que ha presionado la continuidad de las operaciones y elevado la incertidumbre en el desarrollo de proyectos.
En el segmento de combustibles líquidos, persiste la necesidad de fortalecer la cadena de distribución ante contingencias que puedan comprometer la confiabilidad del sistema. Por otro lado, el costo fiscal del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se redujo un 63 % en 2025 frente a 2024, situándose en 3 billones de pesos. Sin embargo, debido al contexto internacional generado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, en lo corrido de 2026 los precios internacionales se han incrementado, generando nuevamente una deuda estimada del FEPC de 2 billones de pesos.
En este contexto, el país aún cuenta con recursos, capacidades empresariales e infraestructura para seguir desarrollando el sector, pero será necesario recuperar dinamismo, mejorar el entorno de inversión y tomar decisiones oportunas para garantizar energía suficiente, compe44va y confiable en los próximos años.
SEMANA: ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentó el sector en estos últimos 4 años?
F.P.: Las principales dificultades estuvieron asociadas a la pérdida de competitividad en un entorno de alta incertidumbre para la inversión. La narrativa del Gobierno nacional contra la industria y la no firma de nuevos contratos de exploración generaron señales que afectaron el posicionamiento de Colombia frente a otros destinos de inversión, en un momento en que el país necesitaba fortalecer la incorporación de reservas y garantizar el abastecimiento energético. Mientras la inversión global en exploración y producción creció cerca del 20%, en Colombia cayó alrededor del 11 % entre 2022 y 2024.
Adicionalmente, se generaron mayores cargas fiscales, cambios regulatorios y demoras en el cierre de obligaciones ambientales (proyectos de inversión del 1 % y compensaciones), y en los procesos de consulta previa.
Persistieron desafíos en materia de abastecimiento, infraestructura y funcionamiento de los mercados energéticos, que evidenciaron la necesidad de decisiones oportunas y coordinadas.
De otra parte, los problemas de orden público, los ataques contra la infraestructura energética y los bloqueos afectaron considerablemente la operación del sector. En 2025 se registraron 1.284 bloqueos en las actividades de exploración y producción, y más de 214 bloqueos sociales en vías y plantas de abastecimiento, en el segmento de distribución de combustibles. Además, se reportaron más de 580 atentados a oleoductos, que afectaron el transporte de crudo y la refinación de combustibles, y más de 490 válvulas ilícitas identificadas.
Todo ello impactó negativamente no solo a la industria, sino también a las finanzas nacionales y territoriales, a las comunidades y al bolsillo de las familias.
SEMANA: ¿Qué tareas quedaron pendientes que desde el gremio era necesario priorizar?
F.P.: Quedaron pendientes decisiones fundamentales para garan4zar la seguridad energética y la competitividad del país. Entre ellas, reactivar la exploración, porque sin exploración no habrá nuevas reservas ni producción futura.
En esa línea, también es necesario acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos de petróleo y gas, tanto costa adentro como costa afuera, y avanzar en la definición de incentivos para el recobro mejorado que potencien la producción. El potencial en yacimientos no convencionales es significativo; dejarlo sin desarrollar carece de sentido desde el punto de vista macroeconómico y de seguridad energética.
Aunque hubo avances en el desarrollo del gas offshore y en la reglamentación para infraestructura de transporte, se requiere mayor prioridad en estos proyectos, agilizar los trámites de consulta previa, establecer lineamientos ambientales claros y viables, y definir la metodología tarifaria de transporte por oleoductos y gasoductos.
En materia de seguridad, es indispensable fortalecer la protección de infraestructura crítica y reducir la conflictividad social que afecta las dinámicas territoriales y el abastecimiento.
En combustibles líquidos, los proyectos identificados para solventar las necesidades del sistema de distribución aún no son una realidad y requieren priorización por parte del Ministerio de Minas y Energía.
Finalmente, sigue siendo necesario consolidar una política energética de largo plazo basada en complementariedad y adición, donde la transición avance de manera responsable y compatible con las necesidades reales de inversión, abastecimiento, competitividad y estabilidad fiscal del país y las regiones.
SEMANA: ¿Cuáles deben ser los principales focos del nuevo gobierno para el desarrollo del sector?
F.P.: El próximo Gobierno debería enfocarse en recuperar la competitividad de la industria trabajando en cinco frentes.
Primero, garantizar la seguridad energética mediante el impulso a la exploración y producción para aumentar reservas y sostener los aportes del sector al empleo, las regiones y las finanzas públicas. Esto implica apostarle al desarrollo de yacimientos no convencionales; Colombia cuenta con un marco regulatorio de talla mundial para aplicar esta técnica minimizando impactos ambientales; incen4var la exploración en contratos actuales, el recobro mejorado y la producción incremental; y ejecutar los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural para evitar mayores presiones sobre hogares, comercios, industrias y generación eléctrica.
Segundo, asegurar estabilidad regulatoria, fiscal y contractual que permita atraer inversión y reactivar proyectos con visión de largo plazo.
Tercero, fortalecer la articulación territorial, la seguridad, el orden público, la inversión social y la prevención y gestión de la conflictividad social en las regiones.
Cuarto, en combustibles líquidos: asegurar el abastecimiento y desarrollar la confiabilidad del sistema. Para el abastecimiento se requieren reglas claras en el Fondo de Estabilización de Combustibles (FEPC), la creación de un Centro Nacional de Operación que centralice información y apoye al Ministerio de Minas y Energía en decisiones logísticas, gestión oportuna de la conflictividad y reducción de tiempos en trámites administrativos. Para la confiabilidad, se deben desarrollar almacenamientos estratégicos a la mayor brevedad, definiendo su operatividad y administración, y priorizando los proyectos señalados por la UPME mediante resolución ministerial. Además, diseñar una estrategia para incrementar la mezcla con etanol y desarrollar el combustible sostenible de aviación (SAF).
Quinto, avanzar en una transición energética realista, basada en complementariedad y adición, donde las nuevas energías crezcan sin debilitar al petróleo, al gas y a los combustibles líquidos que hoy soportan el consumo energético, el transporte, parte de la generación térmica y los ingresos públicos.
SEMANA: ¿Qué acciones se deben tomar en los primeros cien días para darle una recuperación al sector?
F.P.: Dado que los procesos de exploración y producción de petróleo y gas tienen horizontes largos, es fundamental no perder tiempo. En los primeros cien días, el nuevo Gobierno debe enviar señales claras de estabilidad y visión de largo plazo, y actuar en frentes concretos.
En exploración y producción, las prioridades son: viabilizar los yacimientos no convencionales (YNC), reactivar los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) e incluir en ellos los proyectos offshore, y adoptar una estrategia integral que incentive la incorporación de reservas, asegure oferta suficiente, fortalezca la infraestructura de transporte y mejore la planeación y la capacidad de respuesta ante contingencias.
En paralelo, se necesita un plan de choque para agilizar licenciamientos, consultas previas y trámites territoriales, reduciendo la incertidumbre para la inversión.
En materia fiscal y regulatoria, es prioritario reducir y estabilizar la carga tributaria, incluyendo las obligaciones sociales y ambientales, y adoptar medidas que garanticen estabilidad jurídica y contractual para recuperar la confianza inversionista.
En el ámbito territorial, se deben fortalecer los mecanismos de inversión regional mejorando la eficiencia y transparencia del Sistema General de Regalías, y potenciar instrumentos como Obras por Impuestos para impulsar infraestructura, diversificación económica y proyectos sociales y ambientales en las regiones productoras.
Asimismo, es necesario garantizar la seguridad y la coordinación institucional mediante mecanismos de protección de infraestructura crítica y prevención de la conflictividad social.
En combustibles líquidos, las acciones inmediatas son: expedir la resolución que defina la administración y operatividad de los almacenamientos estratégicos, priorizar los proyectos de expansión de la red de poliductos y almacenamientos ya identificados por la UPME, y habilitar la importación en condiciones de libre competencia para cubrir la oferta en los próximos años, conforme a lo señalado en el Plan de Abastecimiento de la UPME.
Todo lo anterior debe articularse en una hoja de ruta de largo plazo, que trascienda varios gobiernos, construida conjuntamente con la industria, con metas concretas en exploración, producción, abastecimiento e inversión social, y con estabilidad regulatoria, fiscal y ambiental. El objetivo es devolverle al país la certeza de que aprovechará responsablemente sus recursos para garantizar energía, competitividad y bienestar para los colombianos.