Aunque el empleo público representa una proporción relativamente pequeña del mercado laboral colombiano, es fundamental para el funcionamiento y los resultados del Estado. Mientras que en los países de la Ocde los trabajadores del sector público representan, en promedio, el 18,4 por ciento del total de ocupados, en Colombia esa participación apenas llega al 6,2 por ciento.

Sin embargo, ante la intención del nuevo Gobierno de revisar a fondo la contratación de personal en el sector público, se intensifica el debate sobre el tamaño que debería tener la nómina estatal, su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender y resolver las necesidades de los ciudadanos.

Las cifras oficiales dan cuenta de que, con corte a junio de 2026, se registraban 1.422.061 servidores públicos en la nómina oficial, según la estadística de Función Pública. Pero una vez que el nuevo Gobierno puso los pies en la Casa de Nariño, tras las revisiones que anotaron en el llamado Libro de la verdad, hallaron una presunta “nómina paralela”, teniendo en cuenta la existencia de 900.000 contratos de prestación de servicios.

En diversos escenarios, principalmente en los estrados del Congreso de la República, la ministra del Trabajo, Natalia López, se refirió a 700.000 de esos contratos que tienen fecha de vencimiento en diciembre, lo que se presentó como una denuncia, pero que, en el fondo, sugiere un reto complejo en materia laboral, en un momento en el que el desempleo volvió a escalar en agosto, acercándose otra vez a los dos dígitos: 9,4 por ciento.

Abultado gasto, ¿Y el resultado?

Los gastos en personal para cubrir los puestos públicos no son para nada despreciables, mientras el ciudadano percibe ineficiencia y se muestra insatisfecho en relación con el Estado. De 66,8 billones de pesos previstos para 2026, se pasa a 72,3 billones en el próximo año, según el proyecto de presupuesto que cursa en el Legislativo. Ahí no está contado todo el costo de la contratación por prestación de servicios, modalidad que, según expresa Iván Jiménez, director del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, no necesariamente es una nómina paralela. Para determinarlo como tal, se requiere establecer “si la necesidad existe o el puesto es simplemente para pagar un favor político”.

Casos bajo sospecha de presunta nómina paralela

Uno de los primeros balances se realizó en la Cancillería, donde fueron examinados 811 contratos por unos 92.846 millones de pesos. La revisión detectó posibles irregularidades que aún están bajo verificación, entre ellas 551 contratos con actividades repetidas o muy similares y 367 con objetos idénticos. Además, se terminaron 40 contratos de prestación de servicios por presuntas irregularidades.

Otras entidades, como el Ministerio de Agricultura, según denunció el jefe de la cartera, Indalecio Dangond, tenían contratados 25 asesores que recibían cada uno 12 millones de pesos mensuales y, pese a que muchos continúan vigentes, él ni siquiera los conocía. Sobre algo similar se refirió la ministra López, quien habló de 1.000 contratistas que a veces ni siquiera residían en Colombia, en una entidad que tiene 2.200 empleos de planta.

La Procuraduría General también tiene en revisión el caso de la Agencia Nacional de Tierras. Busca establecer a qué se debió la firma de 4.853 contratos entre enero y junio de este año, en la recta final del Gobierno saliente, lo que equivale a un incremento desproporcionado frente a 2023.

Exviceministra de Trabajo argumenta

Aunque aún no hay conclusiones definitivas sobre el posible derroche de recursos en la contratación de personal, la exviceministra del Trabajo y abogada laboralista Sandra Muñoz presentó sus argumentos frente a este debate. “Se trata de un total acumulado de contratos, no de contratistas, porque un mismo profesional pudo haber tenido varios contratos en ese periodo. Una cifra global no basta para hablar de sobrecontratación. Lo responsable es revisar cada entidad con sus propias particularidades, como su misión, su planta y las necesidades que debía atender, y solo así concluir si hubo exceso o no”, afirmó.

Para Muñoz, la explicación de fondo es que las plantas de personal resultan insuficientes para cumplir la misionalidad de las entidades públicas. “Es por necesidad del servicio que se acude a esta figura, para que el Estado pueda cumplir su misión y sus funciones”, sustentó la exviceministra de Relaciones Laborales.

Así las cosas, frente a una apuesta del nuevo Gobierno por una reforma del Estado que buscaría disminuir la estructura y reorganizar entidades, lo que a su vez iría de la mano con una reducción del gasto, surge la disyuntiva que ya están describiendo varios expertos. “La terminación de contratos se da porque el vinculado viene de la anterior administración, cuando lo más eficiente sería depurar cuáles de los cargos son políticos y cuáles son realmente necesarios”, manifestó una fuente cercana a los asuntos laborales.

En esa ruta se suele incurrir en un desgaste que termina creando un bache en la eficiencia del Estado. Mientras salen unos y se preparan los nuevos, transcurre un lapso que puede demorar la evolución que se requiere para que en un cuatrienio el Gobierno alcance a cumplir sus promesas. “El que llega no sabe cuál fue la razón de la contratación excedida, termina contratos y puede caer en un ciclo terrible, como el que ocurrió con el Metro de Bogotá”, agregó la fuente.

¿Es práctica de todos los gobiernos?

Otra arista alrededor de la contratación de personal por prestación de servicios la puso en el debate el director del Observatorio Laboral javeriano, quien señala que suele ser común que suceda en todos los Gobiernos. Sin embargo, es imperativo revisar por qué esa circunstancia ocurre solo al final del mandato.

Y Muñoz defendió la prestación de servicios como una figura legal: “Lo importante es que no sustituya una relación laboral. Cuando hay subordinación y funciones permanentes, la jurisprudencia la reconoce como contrato realidad”.

Lo cierto es que los asuntos laborales ocupan un lugar central en la agenda nacional durante el tramo final de 2026. El debate no se limita al aumento del salario mínimo, cuya negociación ya comenzó tras la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, encabezada por la ministra López. También está sobre la mesa la propuesta de un estatuto del trabajo, con el que se busca unificar y modernizar la legislación laboral del país. En estas discusiones también tendrán cabida el empleo público y la contratación por prestación de servicios.

La ruta con el salario mínimo

La mesa de concertación fue instalada. Fenalco pide anular el alza del 23 por ciento, que está vigente.

Aunque durante la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales la ministra del Trabajo, Natalia López, planteó el diálogo social como base para negociar el aumento del salario mínimo de 2027, esta vez las negociaciones podrían ser más tensas.

En medio de la discusión está el salario mínimo vital, principio sobre el cual se amparó el Gobierno anterior para aplicar un alza del 23 por ciento, que puso el ingreso mínimo para 2026 en 1.750.905, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, con los consiguientes efectos sobre el empleo y la inflación, según han referido varios estudios.

Frente a ello, el gremio de comerciantes Fenalco está insistiendo ante el Consejo de Estado por la nulidad del decreto, partiendo de que la decisión fue tomada unilateralmente, desconociendo los parámetros obligatorios previstos en la Ley 278 de 1996 y en el Código Sustantivo del Trabajo: inflación, productividad y crecimiento económico, entre otros.

Hasta el momento no se proponen cifras, solo que se vele por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, se ponderen los impactos en el mercado de trabajo, la inflación y los costos fiscales asociados a la medida, según plantea Anif. Es decir, una ecuación difícil de armar.