Las cifras que presentó el Ministerio de Hacienda en el Plan Financiero 2026 empiezan a verse como las cuentas de la lechera. El documento incluye metas exigentes y ambiciosas que, aunque se acercan a lo que se venía sugiriendo desde distintos frentes, según las primeras opiniones resultan algo improbables.
La hoja de ruta para 2026, que por fin salió a la luz pública después de una larga espera, contempla un esquema que tiene a los economistas haciendo cálculos con el fin de tratar de dilucidar las maniobras que se llevarán a cabo para cumplir tales apuestas.
Hasta ahora, el Gobierno había sobredimensionado los ingresos, principalmente los tributarios, con metas sustentadas en fuentes aún sin aprobar, como reformas tributarias y medidas inexistentes. Mientras tanto, subestimaba los gastos, que, en general, han sido abultados, y no solo porque sean inflexibles, como lo sustenta el Ministerio de Hacienda.
Por ello, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo destaca la propuesta de un recorte importante en el gasto, que equivaldría a más de 40 billones de pesos, al igual que la meta de ingresos, que ahora está más acorde con la realidad.
“En las cuentas de ingresos no incluyeron los recursos provenientes de las medidas tributarias por emergencia económica y es correcto no incluirlos. Pero el problema justamente es que parte del gasto está subestimado y el déficit también. Para mí, eso sería lo más complicado, porque el déficit primario va a ser más del 3 por ciento del PIB (en el Plan Financiero le apuntan al 2,1 por ciento), y el total sería más del 6, es decir, algo similar a lo del año anterior (en la hoja de ruta hablan de 5,1 por ciento)”, afirma Ocampo.
Con la expectativa de un menor crecimiento de la economía, que ahora solo será de 2,6 por ciento, mientras que antes se estimaba en 3 por ciento, la fuerte reducción de ingresos, que estaría cercana a 3 puntos del PIB, se sigue atribuyendo a la no aprobación de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.
En esa línea, si bien se plantea un significativo apretón del cinturón en el gasto, hay muchos incrédulos, como el también exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, a quien por el momento la idea le suena a “fantasía”. En parte porque, a su juicio, “el Gobierno sigue gastando desmesuradamente, pero dice al mismo tiempo que reducirá el gasto en 3 puntos del PIB, lo que equivale a dos reformas tributarias”.
A Mauricio Salazar, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, también le resulta llamativo que se proponga un ajuste de esta magnitud, puesto que “es algo que no se ha materializado en años previos de la actual administración y ahora se plantea, justamente para el año de transición hacia un nuevo gobierno”.
“Próximo gobierno tiene que llegar con una batería grande”
El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla también considera que el recorte del gasto planteado sería insuficiente, una conclusión a la que llega al cruzar las cifras con otras variables incluidas en el Plan Financiero 2026. Según explica, “se plantea una reducción de 1,5 por ciento del PIB en el gasto primario –es decir, el desfase entre ingresos y gastos, excluyendo el componente de intereses–. Sin embargo, como todavía no existe un documento detallado, no queda claro cómo ni dónde se haría ese ajuste. Aun así, es positivo que esa sea la meta”.
Con todo eso, Carrasquilla coincide con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), en que el ajuste que se requiere podría llegar a ser de niveles de 3 o 4 por ciento del PIB entre 2027 y 2028. Y eso, sin incluir las necesidades en materia de las deudas que están por fuera del balance, entre las cuales el exministro menciona “vigencias futuras para obras de infraestructura, cuentas por pagar en los sectores de salud y energía”. Además, están las necesidades en materia de defensa y seguridad ciudadana, rubro que, a juicio de Carrasquilla, ha perdido mucho peso en las apropiaciones presupuestales, como lo muestran las cifras de destino del gasto que publica la Ocde, el club de países al que pertenece Colombia.
Con esas realidades en el horizonte, Carrasquilla advierte que “el próximo Gobierno tiene que llegar con una batería muy grande de propuestas inteligentes y de decisiones tomadas”.
Números que no cuadran
Los velos por correr en el plan para el manejo de las finanzas del Estado en 2026 son muchos y, por ahora, le restan credibilidad a la estrategia financiera planteada para este año.
Por ejemplo, Carrasquilla muestra algunas de las dificultades para que se logre ejecutar el Plan Financiero. “El déficit primario se llevará a 2,1 por ciento del PIB, lo que resultaría de la oportuna reducción del gasto que plantea el Gobierno. Pero con una deuda cercana al 60 por ciento, y en un contexto con tasas de interés de 13 por ciento a un año (equivalente a 7 por ciento real), y una tasa de crecimiento de 2,6 por ciento, no cuadra por ningún lado. Ningún país puede sostenerse establemente si la tasa de interés que paga por su deuda es bastante más del doble, en términos reales, a su tasa de crecimiento”, sostuvo.
El dilema con el precio del petróleo
También surgen dudas en torno a los supuestos con los cuales el Ministerio de Hacienda hace las cuentas para 2026. Por ejemplo, se estima un precio del petróleo por lo bajo, en 59,2 dólares por barril, pero este producto está por encima de los 100 dólares en medio del conflicto en el Medio Oriente, entre Irán, Israel y Estados Unidos. En consecuencia, aunque los exministros coinciden en que el precio del petróleo va a tener un efecto positivo sobre las finanzas públicas, también tiene sus bemoles. Ocampo afirma que “tendría que interrumpirse la reducción en el precio interno de la gasolina que se venía aplicando, con dos rebajas establecidas en febrero y marzo de este año”.
La expectativa era seguir en esa senda bajista que, además, venía siendo reclamada por los usuarios del combustible, pues el precio en el país llegó a estar 4.000 pesos por encima del internacional, y el objetivo era subir hasta equipararlo. Desde el lado político, en época electoral, todo alivio al bolsillo resulta popular. Sin embargo, de no detenerse las reducciones en el precio de la gasolina, con un petróleo caro internacionalmente, habría consecuencias graves, según advierte Ocampo: “Terminaría aumentando otra vez el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), lo que sería altamente perjudicial”.
Aunque con lo que está sucediendo con el petróleo podría pensarse que al Gobierno se le alinearon los astros en un escenario fiscal complejo, Ocampo afirma que lo que se obtendrá con un mejor precio del crudo no sería una suma considerable, si se compara con el tamaño del déficit fiscal. “Eso solo significa 1 o 2 décimas del PIB. Estamos hablando apenas de una pequeña contribución”.
El Salario Mínimo sí impacta
Con el alza de 23 por ciento del salario mínimo para 2026, los analistas empezaron a alertar sobre sus consecuencias inflacionarias. De hecho, esa expectativa de nuevas presiones sobre los precios al consumidor fue lo que llevó al Banco de la República a aumentar duramente las tasas de interés, con un ajuste inesperado de 100 puntos básicos, hasta llevarlas a 10,25 por ciento, mientras que el Gobierno reclamaba una reducción que ayudara a estimular la economía y así tener un mejor crecimiento que mostrar.
En los dos primeros meses de este año, tras los resultados divulgados por el Dane, la inflación no ha ascendido de manera vertiginosa, como lo temían algunos, aunque en febrero llegó a 5,29 por ciento, ligeramente superior a lo que se tenía en el año anterior: 5,28 por ciento.
En ese contexto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha salido a ufanarse porque, a su juicio, no se han cumplido los pronósticos negativos, según los cuales el aumento salarial le pegaría fuerte al costo de vida.
Por eso ahora no deja de sorprender que en el Plan Financiero, el Ministerio de Hacienda elevara la proyección de inflación a 5,8 por ciento para este año, desde el 3,2 por ciento que estimaba antes. Ese supuesto en la hoja de ruta de 2026 ha sido visto como un reconocimiento a que, en efecto, sí van a darse las presiones inflacionarias que venían advirtiendo analistas laborales como Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, quien se había anticipado a decir que, en todo caso, el traslado del efecto de un aumento inédito del salario mínimo no sería tan inmediato, pero sí se dará en el primer semestre. En parte, porque hasta ahora se vienen tomando medidas entre los empleadores para contrarrestar el mayor costo de mantener las nóminas en la formalidad. “Las empresas han aceptado disminuir sus márgenes de ganancia, apostándole al volumen (mayores ventas)”, dijo Farné.
Pero, además, menciona que la baja en el precio de la gasolina ha ayudado en algo, aunque también hace su aporte la revaluación del peso frente al dólar.
En esa apreciación coincide con José Antonio Ocampo, quien asegura que en el futuro sí habrá mayores presiones inflacionarias, como ahora lo acepta el Ministerio de Hacienda. “En febrero, la inflación solo bajó una centésima, y tuvo que ver con los menores precios de la gasolina y de los servicios públicos, pero en marzo no pueden bajar la gasolina y, de hecho, espero que no lo hagan, porque agrandarían de nuevo el déficit del Fepc. Mi punto de vista es que el salario mínimo sí va a aumentar la inflación, y ya lo está haciendo. Hay que esperar el dato de marzo”.
Se proyecta más inflación por el petróleo, dice MinHacienda
Entre tanto, el Ministerio de Hacienda le endilga la responsabilidad de una posible escalada de la inflación al precio del petróleo, sin dejar de insistir en señalar al Banco de la República, por seguir aplicando una política monetaria contractiva (no bajar las tasas de interés), lo que, según su argumento, puede generar presiones de costo a las empresas. “El significativo aumento en las tasas de interés encarece el financiamiento del capital de trabajo e insumos y reduce la liquidez de las firmas más endeudadas. En estas condiciones, algunas empresas pueden trasladar parte de estos mayores costos a los precios finales”, señaló el ministerio que dirige Germán Ávila.
Lo cierto es que se confirman los temores del Emisor de que la trayectoria de la inflación no daba margen para bajar las tasas de interés, pues cualquier choque inesperado –como los que ya se están presentando– podría descarrilar la convergencia hacia la meta del 3 por ciento, el escenario ideal para la economía.
Así las cosas, sobre el efecto del salario mínimo en la inflación no habría forma de negar lo que muestra la evidencia.
Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, aseguró que el impacto de esa alza salarial es más que evidente, en especial en los grupos de gasto de hoteles y restaurantes, cuya inflación va en 10 por ciento.
En la vivienda, Jalil señaló que, si bien se esperaba un impacto mayor en las cuotas de administración de los conjuntos residenciales, en muchas propiedades horizontales se han acordado alzas de entre 14 y 15 por ciento, que, aunque altas, son inferiores al 23 por ciento que subió la remuneración mínima decretada por el Gobierno. Agregó que, en el caso de las administraciones, el impacto más duro estará en el mercado laboral, pues la decisión ha sido reducir el número de horas hombre.
De esta manera, el trabajador es, en parte, el que recibe el mayor coletazo, sin dejar de tener en el visor que quien hoy tiene empleo podría terminar en la informalidad. “Habría una menor tasa de incremento en el empleo formal, que por cierto ya está presentándose”, afirma Juan Camilo Restrepo.
Y Farné agrega que, “si bien el objetivo del salario mínimo es proteger el ingreso de los trabajadores que en el mercado de trabajo se hallan en situación desventajosa, la evidencia empírica internacional sugiere que un incremento de este puede generar efectos colaterales sobre el empleo”.
Peor aún si, como ocurre actualmente, se combinan varios factores: además del alza decretada –18 puntos por encima de la inflación–, se suman mayores costos laborales para los empleadores derivados de la reforma laboral, como el aumento en el pago de dominicales y de horas extras con recargo nocturno desde las siete de la noche.
Al final de la cadena, el aumento terminaría impactando a los mismos trabajadores para los cuales se aplicó el beneficio, pues, si con la medida se ejerce una presión sobre la inflación, el ingreso adicional para las familias termina disolviéndose a la hora de ir a mercar y encontrarse con mayores precios.
Los afectados son mayoritariamente las personas vulnerables, como lo evidencian los recientes resultados presentados por el Dane, en los que muestran que la inflación a febrero para la clase social con ingresos altos fue de 5,16 por ciento; para la vulnerable fue de 5,31 –por encima de la tasa total nacional, que fue de 5,29 por ciento– y para los pobres, de 5,23. Otras cuentas que, como las del nuevo Plan Financiero, tampoco cuadran.