El constante aumento en los costos de administración tiene contra las cuerdas a muchas copropiedades en Colombia. Entre salarios, prestaciones, seguridad social y demás gastos asociados al personal, mantener un guarda de seguridad durante las 24 horas se ha convertido en uno de los rubros más pesados dentro del presupuesto de los edificios residenciales.
El aumento del salario mínimo obligó a los administradores de las propiedades a buscar nuevos métodos de seguridad con el objetivo de poder cumplir el presupuesto de 2026 y ofrecer el servicio a los habitantes de cada unidad residencial.
Hay que señalar que las normas de propiedad horizontal destacan que, entre el valor que pagan las personas mensualmente, se encuentra el pago del servicio de seguridad.
“Las Unidades Inmobiliarias Cerradas son conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras”, destaca la Ley 675 de 2001.
Una de las principales modificaciones que se plantea es reemplazar a los vigilantes o porteros físicos por unos bajo la modalidad virtual, los cuales estarían encargados de realizar las labores de vigilancia para las unidades residenciales.
Sin embargo, la propuesta también genera debate entre los residentes. Para muchos, el portero no solo cumple una función de seguridad, sino que también representa un elemento humano importante en la vida cotidiana del edificio. Una de las ventajas de tener una persona es la posibilidad de recibir paquetes, brindar ayuda a los visitantes a ubicarse y, en algunos casos, se logra convertir en una figura de confianza para los vecinos.
Por otra parte, un portero virtual destapa las preocupaciones de los residentes al no saber la respuesta que brindará ante posibles casos de inseguridad o problemas recurrentes del día a día de los conjuntos.
Para poder llevar a cabo un cambio en los servicios de vigilancia con los cuales cuentan las unidades residenciales, se debe realizar una asamblea de propietarios mediante la cual se dé vía libre a la nueva opción de vigilancia.