En Colombia, los embargos de salario son una medida legal que permite retener parte de los ingresos de una persona cuando no cumple con ciertas obligaciones económicas.
Para este año los límites máximos de descuento se mantienen bajo la legislación vigente, aunque varían según el tipo de deuda y el salario que perciba cada trabajador.
En el proceso de embargo, antes de que un empleador pueda retener dinero del salario de un trabajador, debe existir un mandamiento de pago emitido por un juez. Este documento notifica al empleador que está obligado a descontar la suma correspondiente y consignarla a la entidad acreedora, cumpliendo con el debido proceso legal.
Dentro de las razones más frecuentes que llevan al embargo de salario se encuentran las obligaciones alimentarias, como la pensión para hijos, cónyuge o padres, y las deudas adquiridas con cooperativas legalmente constituidas.
En estos casos, la ley permite que hasta el 50 % del salario total pueda ser retenido, incluso si el trabajador percibe solo el salario mínimo. Para este 2026, con un salario mínimo legal mensual de $1.750.905, el monto máximo que podría descontarse por estas deudas sería de $875.452.
Es importante aclarar que el auxilio de transporte generalmente no se incluye en este cálculo, pues está destinado a cubrir el traslado al trabajo.
Cuando la deuda corresponde a un banco, una empresa de crédito o un particular, la legislación protege el salario mínimo. Esto significa que cualquier persona que gane únicamente el salario mínimo no puede ver su sueldo afectado por deudas civiles o comerciales.
Para quienes reciben un salario superior al mínimo, la ley establece que solo se puede embargar la quinta parte del excedente sobre el salario mínimo.
El embargo de salario también requiere que se cumplan ciertos requisitos legales. Ningún empleador puede retener dinero sin una orden judicial y sin recibir la notificación formal.
El proceso normalmente comienza con un embargo preventivo, que es una medida cautelar, y puede continuar con un embargo ejecutivo definitivo, una vez que el juez determina la obligación de pago.
Diversas entidades pueden solicitar un embargo de salario. Entre ellas se encuentran los juzgados y tribunales, que pueden ordenar descuentos luego de un proceso judicial; las autoridades tributarias, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en casos de deudas fiscales; y entidades públicas como el SENA, la Secretaría de Hacienda o el ICBF, cuando existen obligaciones pendientes.
Además, las cooperativas legalmente constituidas pueden solicitar el embargo si un afiliado incumple con sus pagos, y los bancos, empresas de crédito o personas naturales con sentencias favorables también pueden hacerlo.