Conseguir una entrada para los conciertos y eventos de alta demanda en Colombia se ha convertido en un verdadero desafío para miles de personas. A las largas filas virtuales y la rapidez con la que se agotan las localidades se suma otro problema: la reventa de boletería a precios que pueden multiplicar varias veces el valor original.
Ante este panorama, llegó al Congreso una iniciativa que busca modificar las condiciones bajo las cuales se comercializan las entradas para espectáculos públicos en el país.
Se trata del proyecto de ley Boleta Justa, presentado por el representante a la Cámara Diego García, que pretende establecer mecanismos para proteger a los compradores y combatir las prácticas que favorecen el acaparamiento de entradas.
La propuesta fue radicada el miércoles 11 de noviembre de 2026 y plantea nuevas obligaciones para los organizadores y las empresas encargadas de vender la boletería.
¿Qué cambiaría con el proyecto Boleta Justa?
La iniciativa contempla varias medidas para evitar que grupos de compradores acaparen las entradas y posteriormente las ofrezcan a precios superiores.
Entre las principales propuestas se encuentran:
- Límite de compra: establecer un máximo de cinco boletas por persona, con el propósito de impedir adquisiciones masivas.
- Prohibición de bots: impedir el uso de programas automatizados que permiten comprar grandes cantidades de entradas en pocos segundos.
- Control a la comercialización: establecer mayores reglas para las empresas y organizadores responsables de vender la boletería.
- Regulación de la reventa: crear mecanismos que permitan combatir los cobros abusivos y proteger a quienes compran entradas para asistir a los eventos.
Con estas disposiciones, los promotores buscan que la boletería tenga mayores posibilidades de llegar al público interesado en asistir y no termine concentrada en manos de revendedores.
La iniciativa pretende intervenir las prácticas que permiten adquirir entradas en grandes cantidades para comercializarlas posteriormente con sobrecostos.
La discusión también pone sobre la mesa la responsabilidad de las plataformas de venta y de los organizadores, pues el objetivo es que existan mecanismos de control que dificulten el acaparamiento desde el momento en que comienza la comercialización.
El proyecto de ley fue presentado ante el Congreso el 11 de noviembre de 2026 y deberá superar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en una norma.
Esto significa que los controles propuestos todavía no pueden aplicarse como obligaciones legales generales. Su eventual entrada en vigor dependerá de los debates, modificaciones y aprobación de la iniciativa.
Mientras avanza su discusión, los compradores siguen expuestos a las condiciones actuales del mercado de boletería, especialmente cuando se trata de conciertos y espectáculos con alta demanda.