Hace unos días, la bancada del Centro Democrático radicó su borrador alternativo frente al proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Ejecutivo. Ante esta propuesta de la oposición, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, confirmó la plena disposición del Gobierno nacional para conciliar un articulado unificado.
“Vamos a llegar a consensos. Al final, lo que se busca es que el país salga adelante”, enfatizó Gómez Amín, ratificando la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo.
En su pronunciamiento, el funcionario remarcó que el objetivo central de lograr esta conciliación en el Congreso es transmitir un mensaje de rigor presupuestal al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la banca multilateral. “Lo que queremos es que Colombia mande un mensaje (…) de que estamos poniendo la casa en orden”, explicó el ministro.
¿Por qué es necesario un consenso en el Congreso?
El pasado 29 de octubre, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó su proyecto de Ley de Rescate Económico con el fin de atender la fuerte presión sobre las finanzas públicas heredada de la administración anterior.
Sin embargo, la iniciativa oficial ha enfrentado múltiples objeciones en el Legislativo debido al incremento generalizado de impuestos, la reducción de los umbrales de exención en el impuesto de renta y la aplicación del IVA a productos y servicios de consumo masivo.
En este escenario, el apoyo del Centro Democrático resulta determinante, ya que la colectividad ostenta una bancada clave en el Congreso cuyo respaldo es indispensable para viabilizar la aprobación de la norma.
Aunque ninguna de las partes desconoce la gravedad de la crisis fiscal y el nivel de endeudamiento del país, el partido opositor planteó un borrador alternativo de 14 puntos enfocado en la austeridad estatal y el estímulo al sector privado en lugar de elevar la carga tributaria sobre los ciudadanos.
Austeridad radical
Entre los pilares del borrador uribista destaca una reestructuración profunda del aparato estatal para generar ahorros estructurales. La colectividad propone pasar de 18 a 7 ministerios, lo que generaría un ahorro estimado de $5,9 billones de pesos anuales. Asimismo, plantean la eliminación o fusión de 48 entidades públicas cuya operatividad duplica funciones, lo que representaría un recorte adicional de $20,4 billones de pesos.
Líneas rojas en materia de impuestos
En el ámbito tributario, la propuesta de la oposición establece líneas rojas frente a los gravámenes que afectan a la clase media y a los sectores más vulnerables.
El texto rechaza de manera tajante la imposición del IVA a los alimentos de la canasta familiar, la maquinaria e insumos agrícolas, el servicio de internet en estratos 1, 2 y 3, las herramientas de inteligencia artificial, las pólizas de salud y los productos comercializados en las 450.000 tiendas de barrio del país.
Mecanismos alternativos de financiación y recaudo
Para compensar los recursos que no se recaudarían por la vía del IVA y permitir una reducción de los tributos corporativos, el Centro Democrático plantea diversas fórmulas alternativas de financiación.
En primer lugar, propone que las empresas suscriban transitoriamente un bono forzoso empresarial equivalente al 20 % de sus utilidades durante un periodo de 5 años, con plazos de 10 a 20 años e intereses a tarifa comercial, a cambio de simplificar la tributación, reducir el impuesto de renta corporativo y eliminar cobros como el 4 por mil y el impuesto al patrimonio.
En segundo lugar, la colectividad sugiere la venta de una participación estatal adicional en Ecopetrol destinada exclusivamente a la reducción de la deuda pública, acompañada de una reforma en su gobernanza corporativa para despolitizar la elección de la presidencia de la compañía mediante ternas elaboradas por el Banco de la República.
Por último, plantean un esquema extraordinario de alivios inmediatos con descuentos en capital e intereses que permita recuperar entre $10 y $15 billones pendientes en cobros coactivos de la DIAN y la UGPP.
Con la voluntad de concertación manifestada por el Ministerio de Comercio, se abre paso a las mesas de negociación técnica entre los ponentes del Gobierno y los asesores de la bancada opositora para definir el articulado final que se debatirá en el Congreso.