Durante su participación en el XIII Congreso de Asofiduciarias, el viceministro de Hacienda Juan Sebastián Betancur Mora advirtió que, sin la aprobación de la Ley de Rescate Fiscal este año, el país tendría que buscar US$26.000 millones en financiamiento en los mercados internacionales para 2027.
La necesidad de financiamiento que plantea Betancur representa cinco veces más que el promedio de endeudamiento externo que ha registrado Colombia en la última década de US$5.000 millones anuales aproximadamente.
Asimismo, de no lograrse el necesario ajuste fiscal, la cartera de Hacienda proyecta una contracción del PIB para el próximo año. Se trataría de la primera vez en 100 años que la economía colombiana registre una caída sin que exista una crisis internacional de por medio. En este escenario, la deuda pública escalaría al 80 % del PIB y el déficit fiscal escalaría al 9 % del PIB en el próximo año.
La meta de recorte que no se pudo cumplir
Betancur también explicó que, aunque la meta inicial de ajuste y recorte era de $20 billones, solo se realizó un ajuste de $13,8 billones. Esto debido a que la nueva administración recibió un presupuesto con ocho meses de ejecución iniciada por el gobierno anterior.
En ese sentido y para acercarse a la meta propuesta, el Gobierno contempla un segundo recorte de gasto en lo que queda de 2026. “La política fiscal no se hace con anhelos y sueños, se hace con decisiones”, puntualizó el viceministro.
El esquema de ‘EfectIVA’
Betancur también explicó lo que contempla la propuesta ‘EfectIVA’ dentro de la Ley de Rescate Económico. Esta plantea aplicar la tarifa del 19 % de IVA a productos de consumo masivo como el café, el azúcar, las pastas, los aceites y los chocolates, así como a la medicina prepagada, los juegos de azar en línea y la boletería de cine o eventos deportivos.
Asimismo, el articulado retira la exención del impuesto al servicio de internet en los estratos 1, 2 y 3, y elimina los beneficios tributarios para las compras de bajo valor en el exterior realizadas mediante plataformas digitales.
Betancur defendió estos ajustes señalando una inequidad del sistema vigente, en el cual los hogares en situación de pobreza pagan en promedio $138.000 mensuales de IVA y aportan la misma tarifa por producto que los contribuyentes de altos ingresos.
“¿Cuánto más vamos a tener que esperar para lograr corregir estas injusticias? ¿Cuántos años más me van a seguir subsidiando a mí el IVA por el tomate?”, cuestionó el funcionario.
Frente a los reparos sobre si realmente es efectivo usar la factura electrónica para determinar el monto de IVA que se le debe regresar a los hogares vulnerables, el viceministro precisó que dos tercios de la población en pobreza o vulnerabilidad ya realizan compras con factura electrónica, mientras que para los hogares sin cuenta bancaria o ubicados en zonas apartadas se prevén giros postales y transferencias monetarias directas.
“Esa es nuestra receta, no significa que sea la única, ni la mejor”, concluyó el viceministro en su panel dentro del Congreso de Asofiduciarias, haciendo un llamado a concertar propuestas “concretas y factibles” que aseguren la sostenibilidad fiscal y promuevan el crecimiento económico a mediano y largo plazo.