Colombia se parece hoy a una casa en la que durante años se gastó más de lo que entraba. Se hicieron compras sin revisar el presupuesto, se adquirieron deudas, se aplazaron reparaciones y se asumieron compromisos sin pensar en cómo se iban a pagar. Mientras hubo dinero, nadie quiso mirar las cuentas. Pero las facturas se acumularon, los ahorros se agotaron y hoy la realidad toca la puerta. Llegó el momento de abrir ese cajón que durante tanto tiempo permaneció cerrado y reconocer que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Esa es, en buena medida, la discusión que plantea la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno ante el Congreso. Colombia enfrenta una situación fiscal que exige decisiones. El déficit, el crecimiento de la deuda y el peso de los intereses sobre el presupuesto nacional son señales de alerta que no podemos ignorar. El país necesita recuperar el equilibrio de sus finanzas y garantizar que el Estado tenga recursos para cumplir sus obligaciones. Según las estimaciones de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), sin un ajuste el déficit fiscal podría llegar al 9,4 % del PIB en 2027. No actuar también tiene un costo, y puede ser mucho más alto que tomar decisiones difíciles a tiempo.
Las cifras muestran la dimensión del problema que enfrenta Colombia. Para 2027, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del PIB y la deuda neta del Gobierno llegar al 66,2 %. A esto se suma que el servicio de la deuda comprometería $ 155,4 billones del presupuesto nacional, mientras que el gasto en funcionamiento ascendería a $ 392,6 billones y la inversión apenas alcanzaría los $ 87 billones. Estas cifras obligan a una reflexión de fondo, no podemos seguir destinando cada vez más recursos a sostener el funcionamiento del Estado y a pagar deudas, mientras las necesidades de inversión del país siguen esperando. Ordenar las finanzas públicas exige revisar los gastos, establecer prioridades y garantizar que cada peso se utilice con responsabilidad.
Sin embargo, cuando una familia descubre que sus cuentas están desordenadas, lo primero que debe hacer es revisar sus propios gastos. No sería razonable que el administrador de la casa les pidiera a todos sus habitantes que aportaran más dinero mientras continúa gastando sin control. Por eso considero acertado que el proyecto contemple medidas de austeridad, reducción de contratos de prestación de servicios y menores gastos en publicidad, viáticos y otros rubros de funcionamiento. El Estado también tiene que apretarse el cinturón. No se puede exigir sacrificios a los ciudadanos mientras la burocracia permanece protegida de cualquier esfuerzo.
Y aquí hay un asunto que no podemos pasar por alto. Ordenar la casa no consiste únicamente en reducir gastos hacia delante. También significa revisar cómo se utilizaron los recursos, por qué se asumieron compromisos que hoy comprometen las finanzas públicas y quién debe responder por las decisiones equivocadas. Cada peso malgastado es una oportunidad perdida para construir una escuela, fortalecer un hospital o atender a una familia que necesita el respaldo de las instituciones. La responsabilidad fiscal debe caminar de la mano de la transparencia y la rendición de cuentas.
Ahora bien, respaldar la necesidad de un rescate económico no significa aprobarlo todo. Una cosa es reconocer que la casa necesita reparaciones urgentes y otra muy distinta es pasarle toda la factura a quienes viven en ella. El proyecto plantea cambios tributarios que pueden afectar a trabajadores, pequeños empresarios y familias de clase media. La ampliación del universo de personas sujetas al impuesto de renta, el aumento de los aportes a salud para determinados ingresos y los cambios en el IVA de productos de consumo cotidiano merecen una discusión rigurosa. No podemos olvidar que detrás de cada cifra hay un hogar que distribuye su salario entre el arriendo, la alimentación, la educación y los servicios públicos.
La clase media no puede convertirse en la caja menor de una crisis que no provocó. Es el trabajador que cumple con sus obligaciones, el profesional que paga sus impuestos, el pequeño comerciante que sostiene su negocio y la familia que hace cuentas para llegar a fin de mes. Si el rescate económico termina reduciendo su capacidad de consumo y aumentando sus obligaciones, estaremos trasladando el problema de las finanzas públicas al bolsillo de los ciudadanos. Y eso no puede ser el propósito de una política económica responsable.
También hay que revisar los tiempos. Algunas de las medidas de mayor impacto comenzarían a aplicarse en 2028, mientras el país necesita atender sus compromisos fiscales desde 2027. El Gobierno debe explicar con claridad cómo cubrirá ese periodo y qué garantías existen para que los recortes anunciados se cumplan. No podemos permitir que los nuevos cobros lleguen puntualmente mientras las medidas de austeridad se quedan en promesas. En una casa con problemas financieros, ahorrar no puede ser una intención: tiene que convertirse en una decisión verificable.
El Congreso tiene una responsabilidad enorme en esta discusión. No basta con rechazar los impuestos sin explicar cómo se cubrirá el déficit, ni con respaldar el proyecto sin revisar sus consecuencias. El debate debe estar por encima de los cálculos electorales. Quienes defienden el rescate tienen que demostrar que sus medidas son necesarias y justas; quienes lo cuestionan deben presentar alternativas responsables. Colombia no necesita discursos para aplazar el problema, necesita soluciones que puedan sostenerse en el tiempo.
Hay, además, una tarea que no admite aplazamientos: combatir la evasión, el contrabando y la corrupción. Antes de exigirles más dinero a quienes cumplen, el Estado debe garantizar que todos contribuyan y que los recursos públicos no terminen en manos de quienes los utilizan para beneficio particular. Recuperar las finanzas también significa cerrar las fugas, mejorar la contratación, fortalecer los controles y asegurar que cada peso llegue a donde realmente se necesita.
La casa es Colombia y pertenece a todos. No es patrimonio de un Gobierno, de un partido ni de quienes ocupan temporalmente los cargos públicos. Por eso, salvar sus finanzas es una responsabilidad colectiva, pero quienes administran sus recursos tienen la obligación de dar el primer ejemplo. El país necesita decisiones difíciles, sí, pero también necesita justicia en la distribución de los sacrificios, transparencia en el manejo del presupuesto y garantías de que los errores del pasado no se repetirán.
Una casa no se salva escondiendo las facturas, pero tampoco haciendo que quienes menos tienen paguen los errores de quienes la administraron. Colombia necesita poner sus cuentas en orden, y esa tarea comienza por quienes tienen las llaves de la casa.