Choque: Polonia vive una crisis por el control de su Tribunal Constitucional, que enfrenta al primer ministro, Donald Tusk, con el presidente, Karol Nawrocki. El 30 de octubre, la jueza Anna Korwin-Piotrowska, elegida por el Sejm, suspendió por un mes al presidente del Tribunal y a su vicepresidente. La Policía llegó al edificio y Nawrocki entró esa noche, entre forcejeos cuya versión se disputa. La dirección del Tribunal habló de toma ilegal y el presidente, de toma por la fuerza de un órgano constitucional. Hoy hay dos grupos de jueces con órdenes contradictorias.
Origen: El conflicto nació en 2015. El Sejm saliente eligió cinco magistrados por anticipado, el presidente Duda no les tomó juramento y la nueva mayoría de Ley y Justicia (PiS) eligió otros, tres de ellos para plazas ya provistas. En diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que, por esos nombramientos, el Tribunal Constitucional no cumple los requisitos de un tribunal independiente, imparcial y previamente establecido por la ley. Tusk llegó al poder en 2023 prometiendo corregirlo.
Juramento: Desde marzo el Sejm ha elegido ocho jueces. Nawrocki recibió el juramento de tres y se negó con cinco, que juraron en el Parlamento y enviaron copia notarial. La Comisión de Venecia concluyó en octubre que el presidente debe recibirlo sin demora, pues su función es ceremonial, y que los jueces pueden asumir sin él si se niega ilegalmente. El Tribunal actual sostuvo en mayo lo contrario, pero es el mismo cuya independencia puso en duda Luxemburgo. Ese mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó no obstaculizar el ejercicio de cuatro de esos jueces, y la orden fue ignorada.
Suspensión: Ahí el rescate perdió el rumbo. La jueza invocó su antigüedad y un estado de necesidad constitucional, sin un procedimiento previsto para ello, y el ministro de Justicia, que también es fiscal general, pidió al Tribunal levantar la inmunidad de los directivos para procesarlos. Tusk lo defiende como un deber tras años de arbitrariedad, y la Comisión Europea respaldó su postura frente al presidente. Pero la Comisión Internacional de Juristas censuró ambos extremos: la negativa presidencial viola estándares internacionales, y la suspensión sin proceso justo, con participación policial, contraviene la independencia judicial.
Precedente: La Comisión de Venecia advirtió, según recuerda la CIJ, que paralizar al Tribunal solo le dará a otra mayoría futura el argumento para repetirlo. Y la parálisis ya es real: el Tribunal no puede reunir su sala general ni aprobar su presupuesto de 2027, y los cinco jueces sin juramento no tienen casos asignados. Si el rescate imita los métodos de la captura, la institución queda sin árbitro y el derecho se reduce a la fuerza de turno.
Lecciones para Colombia: La lección no es de partido, sino de método. Esas reglas no deben acomodarse a la urgencia de los gobiernos de turno. Las mayorías electorales gobiernan, pero no pueden alterar los procedimientos para doblegar a la justicia, ni siquiera cuando los fallos incomodan al poder político. Un tribunal rescatado sin ley deja de ser garantía para todos y se vuelve botín del próximo gobierno.
Límites: Polonia será juzgada por si su restauración respeta o no la ley, no por sus intenciones. Capturar un tribunal es peligroso, pero rescatarlo al margen de la ley destruye la institucionalidad que se quería salvar. La democracia no se reduce a ganar elecciones, consiste en aceptar límites estrictos al ejercicio del poder. El poder debe estar sometido a la Constitución, especialmente cuando quienes lo ejercen consideran que actúan en su defensa.
Cita de la semana: “¿Quién vigila al vigilante?”, Juvenal.