Bogotá se enfrenta hoy a una encrucijada que pone a prueba su coherencia entre el discurso de la economía social y la realidad de sus políticas públicas. La reciente expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor, que prohíbe el uso de Gas Licuado del Petróleo (GLP) en cilindros para las ventas de comidas al paso, es un golpe a la fuente de sustento de miles de familias vulnerables dedicadas a esta actividad.
Esta medida, lejos de solucionar problemas de espacio público, vulnera derechos fundamentales. Según cifras del Instituto para la Economía Social (IPES), en la capital operan 10.331 puestos de comida que dependen del GLP en cilindros como fuente energética. Para estos ciudadanos, el gas en pipeta es el motor de su emprendimiento y la única herramienta que los separa de la pobreza extrema o del retroceso hacia combustibles contaminantes.
El GLP se ha utilizado de manera segura y eficiente en Colombia desde hace más de 80 años. Actualmente, 12 millones de personas utilizan este energético limpio en un 98 % del territorio nacional. No estamos ante una actividad improvisada; el uso de cilindros en ventas móviles ya cuenta con lineamientos técnicos claros, como los establecidos en la Resolución 1207 de 2020, que permite una operación segura sin representar riesgos para la comunidad.
Mientras ciudades como Nueva York, París, Ciudad de México o Lima integran sus ventas callejeras y foodtrucks como activos turísticos y gastronómicos —usando GLP en cilindros de forma cotidiana en zonas de alta densidad—, Bogotá parece optar por el camino de la prohibición. Medellín por su parte, trabaja con modelos exitosos en plazas de comidas replicando estándares internacionales.
Es imperativo recordar que el Ministerio de Minas y Energía, en su concepto del 26 de diciembre de 2025, fue taxativo: los vendedores informales son usuarios finales del servicio público de GLP. Al amparo del Artículo 365 de la Constitución, el Estado debe asegurar la prestación de estos servicios, no obstaculizarlos.
La Administración Distrital debe trabajar articuladamente con los afectados para certificar, con ayuda de las compañías distribuidoras, a los vendedores en el manejo seguro del GLP y convertir la gastronomía callejera en un orgullo para la ciudad. De hecho, las empresas del sector del GLP, en alianza con el SENA, están iniciando capacitaciones para los vendedores ambulantes. En cada jornada estas personas quedarán certificadas en manejo seguro de cilindros de GLP, manipulación de alimentos, y disposición de residuos.
El servicio público esencial del GLP debe ser visto como herramienta de equidad, empleo y transición energética. No apaguemos los fogones de quienes más lo necesitan; encendamos más bien, el camino hacia una regulación implementable y más humana.