Las finanzas públicas de Colombia han sido depredadas de la manera más vulgar por cuenta de un Estado de bienestar utópico que hace tiempo se salió de control. Aunque el germen de este disparate venía de antes, la Constitución de 1991 terminó por exacerbarlo. Los constituyentes, contagiados de la Europa de la posguerra, encontraron en los Estados sociales de derecho de España, Francia y Alemania un modelo que quisieron reproducir en Colombia. Olvidaron un pequeño detalle: nuestro país no tenía la riqueza de ninguno de ellos.
Así comenzó la feria de los derechos. La Constitución amplió las promesas y la Corte Constitucional se encargó de desarrollarlas. Ante cada problema apareció una sentencia que ordenaba nuevas prestaciones, subsidios o gastos. Poco importaba de dónde saldrían los recursos. Bastaba con reconocer un derecho y ordenar su cumplimiento. El dinero, al parecer, aparecería por generación espontánea. Y si no aparecía, ya otros pagarían.
Las consecuencias están a la vista. Según el propio ministro de Hacienda, el Estado recibe en promedio 29 billones de pesos mensuales y gasta 40. Once billones de pesos de diferencia cada mes. Una brecha que explica por qué vivimos entre reformas tributarias, endeudamiento y promesas de austeridad que nunca llegan.
El mejor ejemplo de esta irresponsabilidad es nuestro sistema pensional, cuyos privilegios vienen de mucho antes de 1991 y que no parece diseñado ni siquiera para una potencia petrolera. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, las pensiones públicas cuestan 80 billones de pesos anuales: 40 billones financiados con impuestos y otros 40 que, según su estimación, terminan trasladándose a las generaciones futuras mediante endeudamiento. Una afirmación de un gremio interesado, ciertamente, pero que ilustra la magnitud del problema.
¿Y cómo llegamos a semejantes desastre? Le explico con el siguiente ejemplo.
Un congresista se pensionó en 2005 con 25 salarios mínimos. Murió quince años después, pero su viuda, de cincuenta años, heredó la mesada. Si vive hasta los ochenta, el Estado habrá pagado esa pensión durante 45 años. Miles de millones de pesos para sostener un privilegio que sobrevivió treinta años a su beneficiario original. Un disparate.
Menciono al congresista porque es el ejemplo más escandaloso. Pero también están los magistrados, los docentes de colegios públicos y quienes tuvieron la viveza y los recursos para elevar sus cotizaciones durante los últimos diez años y asegurarse una mesada que ni ganándose la lotería. Mejor ni hablar de los antiguos regímenes especiales y convencionales, verdaderas estafas al presupuesto promovidas desde sindicatos depredadores de rentas públicas.
Lo más grave es que semejante sistema encuentra defensores por todas partes. La Corte Constitucional ha protegido sus prestaciones, el Ejecutivo se aferra a ellas y el Congreso cierra filas ante los cambios. Todo en nombre de la solidaridad. Hemos llegado al absurdo de invocarla para justificar pensiones millonarias mientras millones de ancianos no reciben un peso. Una solidaridad bastante curiosa: todos contribuyen, pero los privilegios se los llevan unos pocos. Todo sea en nombre del Estado de bienestar.
Y esta irresponsabilidad se reprodujo en prácticamente todos los frentes del Estado. Un país con un PIB por habitante de apenas 8.500 dólares se comporta como si fuera una potencia mundial. Plata para un reinado, plata para una obra de teatro, plata para una fiesta popular, plata para una burocracia innecesaria. Siempre hay una buena intención que justifica abrir la chequera. Lo que nunca aparece es alguien dispuesto a cerrarla.
Buena parte de los colombianos atribuye nuestra precariedad fiscal exclusivamente a la corrupción. Como si bastara con encarcelar a todos los políticos corruptos para que aparecieran los recursos necesarios para financiar cualquier ocurrencia. La corrupción es una tragedia, pero Colombia no es un país rico al que le estén robando toda su riqueza. Es un país de ingreso medio que no ha conseguido crecer lo suficiente para volverse rico. Y difícilmente lo conseguirá mientras cada nueva promesa estatal se financie con más deuda, impuestos o emisión monetaria. Tres alternativas que, utilizadas irresponsablemente, perjudican la inversión que necesitamos para crecer.
¿Significa eso que debemos desmontar el Estado social de derecho de 1991? Por supuesto que no. Significa ponerlo al servicio de nuestras verdaderas necesidades. Un sistema de salud solidario que proteja a quien enfrenta un cáncer cuyo tratamiento podría arruinarlo. Una educación de calidad que forme el capital humano que necesita nuestra economía. Programas de alimentación para que nuestros niños crezcan sanos y tengan oportunidades. Eso es bienestar. Lo demás, cuando no podemos pagarlo, es demagogia financiada con recursos ajenos.
El problema de Colombia no es que le falten derechos escritos en la Constitución, sino riqueza para hacerlos realidad. Y esa riqueza no se crea mediante sentencias, discursos ni reformas tributarias. Se crea trabajando, produciendo, invirtiendo y creciendo.
Mientras tanto, seguiremos financiando pensiones extraordinarias con los impuestos de generaciones que difícilmente disfrutarán de privilegios semejantes. Lo que sí está claro es que mi generación, la que está en los treinta años, se esclavizará trabajando para pagar una beneficio de otros. De todo ese esfuerzo no quedará nada.
La fiesta fue de ellos, pero el guayabo me lo voy a llevar yo.