Hoy, Colombia tiene al mismo tiempo, una meta de crecimiento y una caja apretada. Esa es la ecuación que hay que resolver, y no se resuelve con voluntarismo, se resuelve decidiendo el que y el cómo invertir.
La infraestructura es la palanca de mayor efecto multiplicador que tiene el país. Pero esa infraestructura no cabe hoy en el presupuesto de inversión de la Nación. Si esperamos a tener la caja para hacerla por obra pública, sencillamente, no se hará
Por eso la discusión sobre la sexta generación de concesiones no es un asunto técnico para abogados e ingenieros, es la discusión sobre cómo crece Colombia en la próxima década.
Conviene empezar por reconocer lo que sí funcionó. El programa de cuarta generación de concesiones acumula 63,6 billones de pesos de inversión y supera el 91 % de ejecución. La quinta generación suma 45,7 billones en trece proyectos en cinco modos de transporte, y los seis proyectos viales que están en ejecución alcanzaron cierre financiero, es decir, convencieron a la banca de poner su propio dinero. El país tiene hoy 1.370 kilómetros de doble calzada, 141 túneles y 1.300 viaductos que el presupuesto nacional jamás habría financiado en un corto plazo. Ese es exactamente el valor del esquema concesional. Moviliza capital privado hacia obra pública.
Nada de esto significa que el modelo esté exento de problemas. Hay uno que viene creciendo y que merece atención: la litigiosidad. Las cifras no miden un problema de abogados, miden obra detenida y capital inmovilizado, y ese costo lo pagan las dos partes: mientras la controversia se define, el Estado no recibe la infraestructura y el concesionario sostiene personal, maquinaria y deuda sin ingreso que los respalde. Su origen, además, es bastante consistente: alcances que quedaron difusos en el pliego; riesgos prediales, ambientales y de redes sin un tratamiento adecuado; eventos eximentes de responsabilidad sin regla clara de reconocimiento; y decisiones administrativas que tardaron en llegar.
Dicho de otro modo: no es una falla del diseño de la política de riesgos, sino de su aplicación. Y conviene no confundir el síntoma con la causa. Detrás de cada tribunal no hay un contratista litigioso, sino un contrato que no definió con claridad quién respondía por qué. Por eso la reacción equivocada sería abandonar el esquema o trasladarle todo el riesgo al privado. Eso nos deja sin un vehículo de inversión, y segundo, asusta los oferentes.
La sexta generación tiene entonces una tarea concreta: corregir la aplicación del riesgo sin desnaturalizar el esquema.
Eso empieza por el manejo equilibrado de los riesgos. El principio ya está en la ley y es simple: cada riesgo debe quedar en cabeza de quien esté en mejor capacidad de administrarlo, con una exposición conocida de antemano. Los contratos de cuarta generación avanzaron en esa dirección al repartir por tramos los sobrecostos prediales, ambientales y de redes. El mecanismo es correcto y lo que falta es calibrarlo, porque cuando se calcula sobre estudios inmaduros se agota antes de tiempo y la discusión vuelve al punto de partida.
A eso deben sumarse tres ajustes. Cerrar el alcance en el pliego, con estudios de fase III serios, porque la ambigüedad se paga después y con intereses. Definir los eventos eximentes con plazo de reconocimiento y fórmula automática de compensación, en lugar de dos años de discusión. Y establecer una escalera contractual de controversias, con paneles técnicos y amigable composición vinculante antes de llegar al arbitraje.
Ninguno de estos ajustes desnaturaliza el modelo. Al contrario, lo protegen. Una APP en la que el Estado termina asumiendo todos los riesgos es obra pública disfrazada y con sobrecosto financiero. Una en la que el privado los asume todos, incluidos los que no controla, simplemente no consigue oferentes ni financiación.
La estrechez fiscal no es un argumento contra las APP. Es el argumento a favor de ellas. Cuando el presupuesto no alcanza, el capital privado es el único vehículo capaz de jalonar la inversión que el país necesita, y el papel del Estado es hacerlo atractivo sin regalar nada, reglas estables, riesgos bien repartidos, pagos que se cumplen y controversias que se resuelven en el contrato y no en un tribunal cinco años después.
La sexta generación no necesita un modelo nuevo. Necesita el mismo modelo ajustado. Hacerlo bien hoy, es la forma más eficiente que tiene Colombia de convertir austeridad fiscal en crecimiento.