Los conjuntos residenciales en el país están regidos por un conjunto de normas que favorecen la convivencia entre sus habitantes. Además, existen pagos que deben realizarse para cubrir diferentes actividades que aseguren el adecuado funcionamiento de las unidades.
Los procesos de seguridad están a cargo, en la mayoría de las veces, de empresas privadas, las cuales garantizan el correcto funcionamiento de los conjuntos y son las encargadas de velar por la seguridad de cada uno de los miembros.
Algunas empresas requieren que los celadores que prestan sus servicios dispongan de una póliza de seguros que les brinde respaldo en caso de accidentes o situaciones fatales.
A través del portal web de la Función Pública se puede consultar la Ley 1920 de 2018, que establece las normas para la prestación de servicios por parte de las empresas de seguridad privada en diferentes sectores del país.
“Las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada contarán de manera anual con un seguro de vida colectivo que ampare al personal operativo de su empresa. Esto cubrirá al personal operativo durante las 24 horas”, destaca la entidad.
Esta ley establece que el personal debe contar con este complemento para realizar sus funciones, pero no está obligado a ser cubierto por los conjuntos residenciales ni por los habitantes de estos. Por esta razón, las normas otorgan a los conjuntos la facultad de no cumplir con esta exigencia.
Además, la entidad define quiénes son los empleados que pueden desempeñarse en el área de seguridad y las condiciones bajo las cuales deben hacerlo.
“Personal operativo de vigilancia y seguridad privada. Denominación que agrupa a todas aquellas personas dedicadas al desarrollo de las actividades de vigilancia y de seguridad privada, vinculadas con los prestadores del servicio de vigilancia y seguridad privada, incluyendo a las empresas de seguridad y vigilancia privada y a las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada. Este personal deberá acreditar, para la prestación efectiva de sus servicios, sus aptitudes psicofísicas de manera periódica”, puntualiza Función Pública.
Es importante destacar que las normas de propiedad horizontal permiten que los miembros de los conjuntos o edificios soliciten a las administraciones la presentación de los documentos que acrediten que las empresas de seguridad privada cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la ley para operar.
Asimismo, el personal encargado de los servicios debe respetar a todos los residentes del predio y llevar a cabo únicamente las funciones que le han sido asignadas.