El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en marcha una auditoría externa de alcance nacional, bajo el contrato No. CC-CNE-015-2026, diseñada para supervisar de manera integral el flujo de recursos en las campañas presidenciales de 2026. Esta medida, adjudicada a la firma JAHV McGregor S.A.S., no se limita a una revisión financiera tradicional, sino que constituye un sistema de vigilancia técnica sobre los procesos que garantizan la legitimidad del voto.
A diferencia de una auditoría contable convencional, este trabajo comprende una serie de componentes críticos del engranaje electoral. El objetivo es verificar rigurosamente desde la transparencia en los reportes de ingresos y gastos hasta la ciberseguridad de los sistemas de datos, pasando por la logística de los escrutinios y la selección de testigos. Según el exmagistrado Gilberto Rondón González, esta vigilancia “desde el principio hasta el final” actúa como un insumo técnico vital para facultades de control superiores, como la revocatoria de inscripciones de candidatos que incumplan con la normativa vigente.
Este proceso marca un antes y un después en la historia administrativa del tribunal. Según explicó Rondón, aunque la autonomía del CNE fue consagrada en el artículo 265 de la Constitución, históricamente el organismo operó como un “apéndice presupuestal” de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esta situación cambió con el Decreto 2085 de 2019, cuya ejecución plena comenzó el 1 de enero de 2024. Dado que el año anterior no contó con jornadas electorales nacionales, los comicios de 2026 representan la primera oportunidad en la que la entidad ejerce su facultad de contratar directamente mecanismos de vigilancia con recursos propios. “Hasta este momento es que se estrena esa figura de la auditoría externa... porque en este momento el Consejo tiene su propio presupuesto y lo puede manejar atendiendo la rigurosidad de la Ley 80”, señaló Rondón González.
Los componentes técnicos
JAHV McGregor S.A.S. tiene la responsabilidad de vigilar una serie de componentes que integran el proceso electoral, los cuales incluyen:
Vigilancia de recursos: seguimiento integral al uso de dineros públicos y privados en todo el territorio nacional.
Cumplimiento de topes: verificación técnica para asegurar que ninguna campaña sobrepase los límites de gasto permitidos por la ley.
Seguridad y ciberseguridad: control sobre los procesos tecnológicos y la protección de datos durante las etapas electorales.
Logística y escrutinios: supervisión desde la inscripción de cédulas y selección de testigos hasta el conteo final de votos.
Identificación de irregularidades: emisión de dictámenes técnicos que servirán como prueba para posibles actuaciones administrativas del CNE.
Fernanda Granada, representante de la firma seleccionada, aseguró que “en estricto cumplimiento de las obligaciones, tenemos un compromiso de confidencialidad. Sin embargo, sí queremos ratificar y reafirmar nuestro compromiso frente a este proceso y el cumplimiento de las actividades con total profesionalismo, idoneidad y garantizando los más altos estándares de calidad acorde con las normas internacionales de auditoría”.
Con un periodo de ejecución inicial de seis meses, esta auditoría externa pretende funcionar como un escudo contra la opacidad financiera. Al profesionalizar la vigilancia y dotar al CNE de herramientas técnicas independientes, la autoridad electoral busca consolidar la legitimidad y la confianza ciudadana en un proceso electoral que se anticipa como uno de los más observados en la historia reciente de Colombia.