Cuando el jueves de la semana pasada los generales Fernando Tapias, comandante de la Fuerzas Militares, y Jorge Mora Rangel, comandante del Ejército, se hicieron presentes en la sede del batallón en Montelíbano, Córdoba, el espectáculo que presenciaron fue macabro: sobre el suelo se encontraban los cuerpos de 35 de sus hombres, muchos de ellos mutilados y con signos de tortura. Pero la sorpresa mayor se la llevaron los dos altos oficiales cuando le preguntaron al militar responsable de la unidad las razones de la debacle. "Mi general, la decisión no era fácil. Si no vengo con mis hombres me abren investigación disciplinaria por omisión. Y ahora por responder con prontitud, mire usted lo que me sucedió", esa fue la respuesta que recibieron del oficial encargado del operativo.El golpe propinado al Ejército por parte de las Farc en el departamento de Córdoba la semana pasada es sin duda uno de los más fuertes en los últimos años y el más grave que ha sufrido el gobierno de Andrés Pastrana desde que asumió el poder en agosto del año pasado. Es el primero, además, de esa magnitud desde que se iniciaron las conversaciones entre el gobierno y las Farc en San Vicente del Caguán. El fracaso de la operación hizo que los comandantes de la Brigada y del Batallón presentaran sus renuncias.El trágico episodio lo recibieron los militares después de haber logrado importantes acciones contra la guerrilla de las Farc. Hace tan sólo unas semanas fueron dados de baja en distintas operaciones los comandantes Miller Perdomo, Franklin y Esteban, piezas claves dentro de esa organización, según voceros del Ejército.En los hechos sucedidos en Córdoba murieron 35 soldados, otros cinco fueron secuestrados y seis más resultaron heridos. Por el lado de la subversión, fueron dados de baja 19 guerrilleros mientras que murieron cinco civiles en medio del fuego cruzado. La operación fue realizada por cerca de 500 hombres integrantes de tres frentes de ese grupo subversivo. Muchos de los atacantes se desplazaron con varios días de anterioridad desde el cañón de La Llorona, en el Urabá antioqueño, hasta llegar al lugar de los enfrentamientos. Estos se dieron en las poblaciones de Tierradentro y Juan José, en jurisdicción de Montelíbano y Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba. Los encuentros comenzaron cuando los frentes 5, 18 y 58 de las Farc incursionaron en los campamentos de las autodefensas que comanda el jefe paramilitar Carlos Castaño en ese departamento. El choque entre estos dos grupos al margen de la ley obligó a la movilización hacia el río San Jorge de 50 hombres del Batallón de Infantería Número 31 Rifles. Los uniformados, que llegaron por vía aérea a una zona que se encontraba ocupada por los guerrilleros, fueron blanco de los ataques en cuestión de minutos. Los subversivos casi que ni permitieron que los soldados bajaran del helicóptero que los transportaba al sitio de los combates, según narraron los pocos sobrevivientes. La cartaUna vez conocida la tragedia de los uniformados se empezaron a tejer varias hipótesis para explicar las razones del fracaso militar. Hubo quienes responsabilizaron directamente al jefe operativo de la unidad por posible negligencia en su diseño. Otros afirmaron que se trató de un error táctico en el procedimiento de contraguerrilla en el momento de desembarcar la tropa y no asegurar debidamente el área. Inclusive hubo quienes afirmaron que la masacre se debió a la falta de helicópteros artillados.Lo cierto es que la muerte de los militares en Córdoba fue producto de la suma de varios factores. A todas las hipótesis planteadas hasta el momento habría que agregar que los militares sienten que en esta oportunidad los oficiales del Ejército encargados de dirigir las acciones contra la guerrilla fueron víctimas de lo que se podría llamar el síndrome del 'general Uscátegui', a quien los organismos de control investigan por presunta omisión en la masacre de civiles en Mapiripán (Meta). En otras palabras, los oficiales al mando de las tropas habrían actuado sin tomar las debidas precauciones por temor a ser investigados posteriormente por una supuesta omisión en sus funciones. Aunque reconocen que en el operativo se presentaron muchos errores, hay un elemento que según los militares fue el que provocó la precipitud de las acciones. Se trata de una carta que el alcalde de Montelíbano, Juan Carlos Marchena Otero, le envió al coronel Gustavo Cárdenas, comandante de la Brigada 11 de Montería, el pasado 21 de junio, en la que le advertía sobre la presencia de guerrilleros en la zona. "En mi calidad de alcalde del municipio de Montelíbano, quiero poner en su conocimiento que desde ayer 20 de junio se presentan combates entre la guerrilla y los paramilitares en jurisdicción del corregimiento de Tierradentro" . Un párrafo más adelante el alcalde Marchena le explicó al oficial que la situación era bastante riesgosa para su localidad porque, "según las informaciones obtenidas, la guerrilla, con un grupo aproximado de 500 hombres, ingresó al perímetro urbano de dicho corregimiento y se teme por parte de la comunidad se presente una masacre de la población civil como retaliación a la presencia casi permanente de grupos de autodefensas en la zona".Si bien es cierto que la carta del alcalde de Montelíbano justifica la reacción de los jefes de los soldados no se puede desconocer que no sirve para justificar el fracaso del operativo. El Ejército tiene razón al argumentar que no puede ser criticado cuando actúa. Pero no la tiene cuando se excusa en la velocidad de la respuesta para explicar el duro golpe que recibió.Según las informaciones que recogieron las autoridades después de la masacre de los uniformados, el violento ataque guerrillero tenía como objetivo recuperar la zona luego de que los paramilitares desplazaran a sangre y fuego a los guerrilleros de las Farc del dominio de esas tierras. "La idea de los subversivos era la de arrasar a los habitantes de esos pueblos por ser, según ellos, colaboradores de las autodefensas de Carlos Castaño", dijo a SEMANA un alto oficial del Ejército que visitó el lugar de los combates.¿Que sigue?La matanza de los soldados en el Nudo de Paramillo mostró una vez más las deficiencias del estamento militar para afrontar de manera exitosa la guerra contra la insurgencia. Aparte de la falta de recursos logísticos, evidenciada en la carencia de helicópteros artillados y armamento suficiente, es claro que faltó rigor en las labores de inteligencia para detectar la movilización de cerca de 500 guerrilleros de las Farc. No de otra manera podría explicarse la falta de estrategia a la hora de afrontar los combates. De la misma manera hay que afirmar que, en la responsabilidad que le compete a los miembros de la Fuerza Pública para preservar el orden público nacional, es tan grave no acudir al lugar de los hechos para proteger a la población civil como hacerlo sin tomar las precauciones debidas que puedan evitar la muerte de soldados y civiles indefensos. Pero, más allá de establecer responsabilidades sobre los hechos de Córdoba, hay quienes empiezan a cuestionar la decisión del gobierno y de las Farc de realizar un proceso de paz en medio de la guerra. El procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, fue enfático al afirmar que ya es hora de empezar a considerar la posibilidad de hacer un cese multilateral del fuego que preserve la integridad de la población civil y que obligue a los actores del conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario. Aunque esta posibilidad hasta el momento no pasaba de ser una ilusión, la dinámica que ha tomado la confrontación y, sobre todo, la manera como ha involucrado a la población civil, hace que ya sean varias las voces que se empiezan a sumar a la del Procurador.