El pasado 24 de octubre se dio una noticia de alto impacto diplomático: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en la lista SDN (Specially Designated Nationals), a cuatro figuras del entorno presidencial, entre ellas, el mismo mandatario Gustavo Petro; la primera dama Verónica Alcocer; el hijo del presidente Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti, ministro del Interior, bajo un reciente programa de sanciones (EO14059 Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade). Esta orden ejecutiva, promulgada en 2021 durante el gobierno de Joe Biden, establece que el narcotráfico internacional constituye una amenaza para la seguridad nacional y autoriza el bloqueo de bienes, fondos y transacciones de las personas designadas.
Este hecho se sumó a que el pasado 14 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas, al considerar que el país “falla manifiestamente” en el cumplimiento de sus responsabilidades de control. Esta medida, que se enmarca en el proceso anual de evaluación establecido por el Foreign Assistance Act de 1961, marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y plantea importantes consecuencias políticas, económicas y reputacionales para el país.
La medida llega acompañada de un waiver o exención, que permitirá al país mantener ciertos programas de apoyo y asistencia técnica, aunque en menor escala. La administración estadounidense argumenta que la relación con Colombia sigue siendo estratégica para los intereses de seguridad regional, pero advierte que el país cuenta con un plazo de un año para demostrar avances verificables en la reducción de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de los organismos de control y la efectividad de la política antidrogas.
La certificación antidrogas es un instrumento mediante el cual Washington determina si un Estado coopera activamente en la reducción de la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas. Cuando un país no supera la evaluación, se activa la figura de la descertificación, que conlleva la suspensión parcial o total de asistencia financiera, el voto negativo ante organismos multilaterales y la restricción de programas de cooperación.
Contagio reputacional
La inclusión en la lista SDN del presidente y su entorno cercano implica consecuencias directas: congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibición de entrada al país, restricción de relaciones comerciales con entidades norteamericanas y extensión automática de sanciones a cualquier empresa o persona en la que los designados tengan una participación igual o superior al 50 por ciento. Además, se genera un riesgo de contagio reputacional que podría afectar a aliados, contratistas y entidades financieras con vínculos directos o indirectos.
Aunque las sanciones se centran en individuos y no en el Estado colombiano, el impacto institucional es innegable. La confianza internacional, los flujos de inversión y la cooperación bilateral podrían verse comprometidos, en tanto persista la incertidumbre jurídica y política. La descertificación, aún acompañada de un waiver, envía un mensaje contundente sobre la evaluación estadounidense de la política de drogas en Colombia y pone a prueba la capacidad del país para equilibrar soberanía, eficacia institucional y relaciones exteriores.
Estados Unidos se reserva el derecho de excluir de la lista a las personas designadas en cualquier momento. El presidente Gustavo Petro asignó al abogado Daniel Kovalik, quien presentará una carta ante el Departamento del Tesoro.
Adriana Gómez Barajas, socia Cremades & Calvo-Sotelo