El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, Colombia dejó de hacer lo que estaba haciendo.
Un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió al país. El Servicio Geológico Colombiano lo calificó como el tercer sismo de mayor magnitud en la historia de Colombia.
Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó registraron algunas de las consecuencias más graves. Durante horas y días, las imágenes fueron las mismas: edificaciones afectadas, operaciones de rescate, familias sin saber a dónde ir y una pregunta que se repetía en todo el país: ¿Qué hacemos ahora?
En julio, en esta misma columna, pregunté si Colombia estaba preparada para un sismo como el de Venezuela. La tierra respondió antes de que terminara el mes.
Pero hubo algo que no estaba en ningún pronóstico. Algo que, en medio del dolor y los escombros, vale la pena nombrar con claridad.
Pocas horas después del sismo, los puntos de acopio empezaron a aparecer en todo el país. Empresas, universidades, organizaciones sociales y personas que simplemente querían hacer algo comenzaron a moverse. Gremios empresariales, organizaciones productivas y sindicatos activaron sus redes de apoyo para atender a las comunidades afectadas y acompañar la respuesta y la reconstrucción.
En Cali, empresarios, gremios y autoridades lanzaron Colombia Unida por el Suroccidente, una iniciativa que reportó cerca de 2.500 millones de pesos recaudados y 160 toneladas de ayudas en sus primeros días.
Más de 16 países ofrecieron ayuda. Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Perú, España, Brasil y Venezuela, entre otros, pusieron sobre la mesa equipos de rescate, recursos y asistencia humanitaria. Colombia también recibió ofertas de cooperación internacional por 1.300 millones de dólares. para atención de damnificados, rescate y reconstrucción.
Frente a la magnitud del desastre, las fuerzas políticas, el empresariado, la ciudadanía y la comunidad internacional encontraron, así fuera de manera parcial y temporal, un terreno común.
Colombia, el país que a veces parece incapaz de ponerse de acuerdo en nada, se puso de acuerdo en lo más importante: en no dejar a nadie solo bajo los escombros.
Eso no es menor. Eso es carácter.
Pero la solidaridad, por real y conmovedora que sea, no reemplaza lo que viene ahora.
Y lo que viene ahora es la conversación más difícil: la reconstrucción.
Porque reconstruir no significa simplemente volver a levantar lo que se cayó. Significa preguntarnos por qué cayó, qué hicimos mal y qué no podemos permitirnos repetir.
El balance oficial habla de más de 10.000 viviendas destruidas, 65.000 averiadas, 127 edificios colapsados, más de 2.000 centros educativos afectados y 216 centros de salud dañados. Son cifras que deben ser verificadas y actualizadas conforme avance el consolidado oficial, pero que, en cualquier caso, muestran la dimensión del desafío.
Esto no se reconstruye solo con donaciones ni con buena voluntad. Se reconstruye con industria, conocimiento técnico, materiales certificados, supervisión rigurosa y, sobre todo, con la decisión de no repetir los errores que hicieron que tantas estructuras no resistieran.
Porque el sismo del 10 de agosto no fue solo una tragedia natural. También puso en evidencia vulnerabilidades acumuladas durante décadas: construcción informal, materiales que pueden no cumplir los estándares y normas que existen, pero cuyo cumplimiento debe ser vigilado con rigor.
El Eje Cafetero, uno de los pilares económicos del país, enfrenta además tramos incomunicados, puentes afectados y cortes de energía que pueden paralizar servicios esenciales, el bombeo de agua y actividades productivas. Lo que colapsa no es solo el concreto: también pueden colapsar cadenas productivas enteras.
Por eso, la reconstrucción de Colombia no puede ser solamente rápida. Tiene que ser correcta.
Tiene que hacerse con los estándares que el país ya tiene establecidos en su normativa, incluida la NSR-10, con certificaciones y protocolos técnicos que permitan distinguir una edificación capaz de resistir de una que vuelve a poner en riesgo a quienes la habitan.
El momento de exigir calidad no es después.
Es ahora.
Ahora, cuando se están tomando las decisiones sobre qué se reconstruye, cómo se reconstruye y con qué materiales.
Y aquí veo una oportunidad que no deberíamos desperdiciar.
El sector privado ya tendió la mano. Los gremios están listos para trabajar de manera articulada con el Gobierno. La industria técnica también. Esa articulación puede convertirse en una de las grandes fortalezas de la reconstrucción: no solo levantar lo que cayó, sino hacerlo mejor, con conocimiento, estándares y capacidad de supervisión.
La solidaridad nos permitió responder a la emergencia.
Ahora necesitamos convertir esa solidaridad en corresponsabilidad.
Porque reconstruir no es únicamente entregar materiales o recursos. También es exigir que cada peso invertido se traduzca en obras seguras, que cada proyecto cumpla las normas y que cada decisión tenga en cuenta no solo la urgencia de hoy, sino la seguridad de quienes vivirán allí durante las próximas décadas.
Colombia demostró que sabe unirse cuando la tierra tiembla.
Ahora tiene que demostrar que sabe construir mejor cuando deja de temblar.
La industria no para. Las obras tampoco. Que lo que venga sea más sólido que lo que se fue.
Mónica Delgado Castaneda, CEO Estratégica — Fluidpack e IQD / Fire Sprinkler Center