El 24 de junio, Venezuela vivió algo que ningún país olvida. Dos sismos encadenados, de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron el norte del país durante casi tres minutos. Una semana después, el balance era devastador: más de 2.295 muertos, 11.000 heridos y pérdidas estimadas por la ONU equivalentes al 6 % del PIB venezolano. Edificios enteros convertidos en escombros. Familias buscando a sus seres queridos bajo el concreto.
La pregunta surgió de inmediato, inevitable para quienes trabajamos en el sector de la construcción y la ingeniería: ¿estamos realmente preparados?
La respuesta, aunque incómoda, es necesaria.
Colombia está ubicada sobre la convergencia de tres placas tectónicas, la de Nazca, la del Caribe y la Suramericana. Esa interacción permanente ha dado origen a nuestras cordilleras, a múltiples fallas geológicas y a una actividad sísmica constante. Aproximadamente el 83 % de la población vive en zonas de amenaza sísmica intermedia o alta. Cali, Pereira, Armenia, Bucaramanga, Pasto y Popayán están entre las ciudades con mayor exposición. Bogotá y Medellín se encuentran en una zona de amenaza intermedia, que está lejos de ser una zona segura.
El país cuenta con una reglamentación robusta. La NSR-10, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, establece desde 2010 los requisitos técnicos que deben cumplir las edificaciones en materia de diseño, materiales y supervisión. Su propósito es claro: que las estructuras resistan un evento sísmico sin colapsar y permitan que las personas puedan evacuar con vida.
Eso es lo que dice la norma. El problema es lo que ocurre en la práctica.
El PhD. Omar Darío Cardona, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, lo ha señalado en repetidas ocasiones: Colombia cuenta con una reglamentación ejemplar, pero su cumplimiento sigue siendo desigual. Solo en Bogotá, la informalidad en la construcción supera el 60 %. Son edificaciones levantadas sin planos, sin revisión técnica y sin control de calidad de los materiales. En Medellín, cerca del 60 % de las edificaciones fueron construidas antes de la entrada en vigor de las normas modernas de sismorresistencia o sin cumplir plenamente sus exigencias.
A ello se suma otro desafío. Gran parte de las construcciones levantadas antes de 1984, año en que entró en vigencia el primer código colombiano de construcción sismorresistente, representan una incertidumbre estructural. Nadie puede asegurar con certeza cómo responderán ante un sismo de gran magnitud.
Es ahí donde esta conversación deja de ser exclusiva de ingenieros y constructores para convertirse en un asunto que involucra a toda la sociedad.
Porque cuando un sismo de gran magnitud golpea una ciudad, no distingue entre viviendas, hospitales, colegios o plantas industriales. Lo que colapsa no son únicamente las estructuras; también se interrumpen cadenas de abastecimiento, operaciones productivas, empleos y proyectos que tardaron años en construirse. Y muchas veces la diferencia entre una edificación que resiste y otra que falla depende de decisiones tomadas mucho antes de la emergencia: la calidad de los materiales, el cumplimiento de la norma, la supervisión técnica y la correcta instalación de los sistemas que hacen parte de la infraestructura.
El impacto de un sismo no depende únicamente de su magnitud. Depende, sobre todo, de la vulnerabilidad de lo que hemos construido. El tipo de suelo, la calidad de los materiales y el rigor con que se ejecuta cada obra son factores determinantes para reducir el riesgo.
Desde mi experiencia en el desarrollo de soluciones técnicas para edificaciones industriales, he aprendido que la resiliencia de una construcción también depende de sistemas que muchas veces pasan desapercibidos. Redes de fluidos, sistemas de protección contra incendios y otros componentes críticos deben cumplir estándares internacionales de calidad y certificación (UL, FM y NFPA). El momento de un sismo no es el momento para descubrir que una unión falló, que un soporte cedió o que un material no resistía las cargas para las que fue diseñado.
La tragedia de Venezuela deja una lección que Colombia no puede darse el lujo de ignorar: tener una buena norma no basta. Es indispensable cumplirla, fortalecer la supervisión técnica, exigir materiales certificados y mantener altos estándares de calidad en cada proyecto, especialmente en aquellas infraestructuras cuya operación resulta esencial para el país.
La industria colombiana no se detiene. Las ciudades siguen creciendo y las obras continúan avanzando. Por eso, más allá de cuánto construyamos, deberíamos preguntarnos qué tan preparados estamos para que esas construcciones resistan cuando llegue el momento de ponerlas a prueba. Porque los sismos no se pueden evitar. Lo que sí está en nuestras manos es decidir qué tan vulnerables queremos seguir siendo.
Mónica Delgado Castañeda, CEO Estratégica de Fluidpack e IQD – Fire Sprinkler Center