Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas, aunque aplicó una exención que mantiene la cooperación vigente. La medida señala que el país no cumplió de manera “demostrable” sus compromisos en reducción de cultivos ilícitos y control de drogas. Más que un gesto diplomático, constituye un golpe a la credibilidad del Estado y un factor de riesgo para el sector privado.
La descertificación pone en duda la capacidad del Estado colombiano de lograr resultados sostenibles contra el narcotráfico. La expansión de los cultivos de coca en los últimos años, sumada a la fragmentación institucional y la persistencia de actores armados, debilita la narrativa de un país comprometido con la seguridad global. En el plano geopolítico, también erosiona la confianza en la relación bilateral más importante para Colombia y puede condicionar futuros apoyos en organismos financieros internacionales.
El impacto no se limita solo al Estado. Para el sector privado, y en particular para las compañías exportadoras, la descertificación trae desafíos que no pueden ignorarse. El primero está en el comercio exterior: las empresas deberán enfrentar inspecciones más rigurosas en puertos y aeropuertos, lo que puede retrasar operaciones y aumentar costos logísticos. Los mercados internacionales reforzarán exigencias de trazabilidad, sobre todo en cadenas sensibles como agroindustria, textiles y minería.
A esto se suma un reto financiero y reputacional. Bancos internacionales y aseguradoras aplican políticas de de-risking frente a países cuestionados, limitando el acceso a créditos, seguros y operaciones transfronterizas. Paralelamente, el cumplimiento regulatorio será más estricto: las empresas deberán fortalecer sus programas de compliance en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y trazabilidad de insumos. Quienes no adapten protocolos enfrentarán barreras comerciales y pérdida de confianza de socios internacionales.
Existe además un efecto de mayor volatilidad en la percepción de riesgo país, que puede encarecer la inversión extranjera y dificultar el financiamiento corporativo. Para muchas compañías, esta coyuntura obliga a replantear estrategias de mitigación de riesgos, no solo financieros sino también operativos y reputacionales.
En este contexto, la seguridad privada adquiere un papel decisivo. Ya no se trata únicamente de custodiar activos físicos, sino de convertirse en un socio integral para la gestión de riesgos reputacionales, logísticos y regulatorios. Compañías con experiencia en gestión de riesgos, inteligencia corporativa y ciberseguridad pueden apoyar a las empresas exportadoras a blindar operaciones y cumplir estándares internacionales.
Entre los aportes clave se incluyen el control de cadenas logísticas mediante protocolos de inspección y monitoreo de cargas, la gestión de riesgos reputacionales para mitigar crisis que afecten la marca, la inteligencia preventiva para anticipar amenazas en corredores logísticos y la ciberseguridad aplicada para proteger información sensible frente al crimen transnacional.
De esta manera, la seguridad privada se convierte en un actor complementario de la seguridad nacional, aportando confianza a socios internacionales y sostenibilidad al comercio exterior. La descertificación de EE. UU. a Colombia es, en última instancia, un llamado de atención sobre la fragilidad estructural en la lucha antidrogas. Para el sector privado, el desafío radica en blindar la competitividad y credibilidad internacional mediante trazabilidad, cumplimiento y seguridad integral. En este escenario, la seguridad privada, entendida como un socio estratégico, asegura continuidad operativa y protege la reputación en un entorno de presión creciente.
La lucha antidrogas ya no se mide en hectáreas erradicadas, sino en la capacidad de un país de sostener la confianza internacional. En tiempos de descertificación, la seguridad privada se consolida como el mejor aliado del sector productivo para mantener abiertas las puertas del comercio global.
Nazly Riveros Rodríguez, consultora estratégica en seguridad