El escenario de la seguridad global ha experimentado una transformación tras la reciente decisión del Gobierno estadounidense de integrar formalmente a corporaciones privadas en la lucha contra la delincuencia organizada en internet.
Esta medida busca enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés), las cuales representan una amenaza creciente para la prosperidad y la libertad del país.
El ingenio privado como herramienta de combate
La Casa Blanca ha manifestado que la capacidad tecnológica de las empresas estadounidenses es un recurso que no se había aprovechado plenamente en el pasado. El documento oficial destaca que la velocidad y la escala del sector privado otorgan una “ventaja ciberofensiva crítica para los Estados Unidos”.
En el memorándum firmado por el presidente Donald J. Trump se establece: “La política de Estados Unidos es utilizar todos los instrumentos del poder nacional, incluidas las capacidades innovadoras del sector privado, para combatir el cibercrimen”.
Esta alianza busca potenciar la identificación y desarticulación de redes criminales que operan desde el extranjero.
Vigilancia y efectos: el nuevo arsenal corporativo
El programa autoriza a las compañías participantes a ejecutar dos tipos de maniobras principales en el mundo digital:
- Operaciones de vigilancia: Consisten en acceder a sistemas de información para recolectar inteligencia sin ser detectados. Según el texto presidencial, estas acciones tienen el propósito de obtener información que pueda ser utilizada en futuras intervenciones.
- Operaciones de efectos: Se trata de medidas más contundentes que buscan manipular, interrumpir o incluso destruir redes e infraestructuras controladas por criminales. Básicamente, son acciones dirigidas a inhabilitar las herramientas digitales que los delincuentes usan para sus fraudes.
El presidente Trump aclara en el documento que las “empresas participantes” son “empresas privadas de los Estados Unidos que han sido aceptadas en el Programa y serán autorizadas para realizar operaciones cibernéticas bajo la dirección del Gobierno de los Estados Unidos”.
Un control federal estricto y garantías millonarias
A pesar de las facultades otorgadas, las empresas no tendrán autonomía total, sino que actuarán bajo la supervisión exclusiva del Centro Nacional de Coordinación (NCC). El Gobierno estableció que cualquier medida operativa deberá ser aprobada previamente y por escrito por directores ejecutivos designados por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.
Para garantizar que las compañías cumplan las reglas, se les exige un proceso de investigación riguroso y una garantía financiera significativa. El memorándum especifica que se puede obligar a las empresas a “mantener una fianza o depósito en garantía por un monto no inferior a $1 millón, que se perderá si la Empresa Participante incumple su acuerdo contractual”.
Límites que las empresas no podrán cruzar
El programa establece límites para evitar que estas acciones se conviertan en actos de guerra tradicionales o impliquen violaciones graves de los derechos humanos. Las empresas tienen prohibido generar lo que el documento denomina “Resultados Críticos”.
Donald J. Trump define en el texto que un resultado se considera crítico si es probable que “resulte en la pérdida de vidas o lesiones graves” o si alcanza el nivel de un “ataque armado bajo el derecho internacional”. De esta manera, el Gobierno busca equilibrar el uso de capacidades tecnológicas privadas con el cumplimiento de las leyes y los tratados internacionales.