La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el jueves con representantes de Human Rights Watch (HRW), 18 años después de que el entonces director para las Américas de esa organización de derechos humanos fuera expulsado del país.
Una delegación liderada por el subdirector global de HRW, Federico Borello, fue recibida por la mandataria encargada, quien asumió el cargo luego de que, hace ocho meses, el entonces dictador, Nicolás Maduro, fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense.
Durante la reunión, Rodríguez y los representantes de HRW abordaron “la adopción de medidas que favorezcan la pluralidad de expresión y la consolidación de un ambiente de mayor convivencia democrática en el país”, señaló el gobierno venezolano en un comunicado.
El encuentro permitió “ratificar la voluntad de afianzar la paz, la diplomacia y el trabajo coordinado con las organizaciones multilaterales”, añadió el boletín.
En 2008, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) expulsó al entonces jefe para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco. También limitó el ingreso de misiones internacionales independientes.
Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, promulgó una ley de amnistía para presos políticos y cerró la temida cárcel El Helicoide, denunciada por oenegés del país como un centro de tortura.
El gobierno de Rodríguez anunció además este jueves el desbloqueo de sitios de prensa que llevaban años censurados.
Sin embargo, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela anunció que las instituciones estatales responsables de la represión y las violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano siguen “intactas” pese a las “limitadas” mejoras experimentadas en el último año en este sentido.
“Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos”, dijo su presidenta, Sofía Macher.
Sus conclusiones llegan a propósito de un informe difundido durante la jornada por la Misión, que observa una “disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas” tras la captura de Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra Caracas el pasado 3 de enero.
La Misión de la ONU ha denunciado la vigencia de leyes empleadas para “criminalizar la disidencia”, además del hecho de que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia “conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas”.