El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de una nueva acusación formal contra seis integrantes y colaboradores de una organización criminal colombo-rusa señalada de participar en una conspiración para traficar cientos de kilogramos de cocaína hacia territorio estadounidense y proporcionar apoyo material a las disidencias de las antiguas FARC.
La acusación, presentada ante un tribunal federal del Distrito Este de Luisiana y revelada el 10 de noviembre de 2026, involucra a Alexander Altergott, de 57 años; Luca Detto, de 45; Oleg Khazov, de 39; Diago Gómez-Morillo, conocido como alias Efata; Vitalii Zhikharev, de 41, y Boris Yakovlev. Los señalados tienen nacionalidades rusa, italiana y colombiana.
Según las autoridades estadounidenses, los seis enfrentarían cargos relacionados con conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
Además, cuatro de ellos estarían vinculados con una supuesta operación para importar estupefacientes ilegalmente a Estados Unidos.
“Las operaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) se centran, en esencia, en una sola cosa: proteger a nuestras comunidades de la amenaza real de violencia que representan las organizaciones de narcotráfico”, declaró el fiscal federal David I. Courcelle.
“La misión compartida del HSTF permanece inalterable: hacer cumplir las leyes del país y proteger al público al que nos enorgullece servir”, dijo Courcelle.
Uno de los aspectos más delicados del caso involucra a dos de los acusados, Alexander Altergott y Vitalii Zhikharev, quienes fueron señalados de conspirar para proporcionar apoyo material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Washington considera a esta organización una estructura terrorista extranjera desde diciembre de 2021. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el grupo continúa involucrado en actividades criminales como asesinatos, extorsiones, secuestros y ataques armados.
La investigación hace parte de la operación Sail Away, desarrollada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En el proceso participaron agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y organismos de seguridad de Colombia, Italia y Estados Unidos.
Finalmente, la Fiscalía estadounidense advirtió que algunos de los acusados podrían enfrentar penas mínimas obligatorias de diez años de prisión e incluso cadena perpetua por determinados cargos.
En el caso de la conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, la pena podría alcanzar los 20 años.