Estados Unidos exhortó a sus socios a romper vínculos con Nicaragua, tras la decisión del Congreso de ese país de prohibir la participación de opositores en las elecciones, según una declaración hecha este miércoles por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
En ese comunicado, Washington llama a sus aliados internacionales a “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura” de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas”, advirtió Rubio.
La votación en la Asamblea Nacional nicaragüense “erosionó aún más la ficción de la democracia en Nicaragua”, denunció el jefe de la diplomacia estadounidense.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 300 muertos, según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
Washington ha aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y movilizando también a sus aliados en América Latina, mediante comunicados conjuntos.
“La Administración Trump sigue comprometida a identificar e implementar acciones para abordar las violaciones de derechos humanos del régimen de Murillo-Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, añadió el texto.
Washington y sus aliados regionales lograron que la OEA aprobara el 19 de agosto la convocatoria de una reunión “urgente” de cancilleres de la región, una medida inusual. La OEA celebrará un Consejo Permanente este jueves para abordar la fecha y el lugar de ese encuentro.
La Asamblea nicaragüense aprobó este martes, de forma “unánime” y en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye a los considerados “traidores a la patria” o “golpistas” de participar en los comicios electorales.
Igualmente, amplía el mandato presidencial de seis a siete años, en el marco de una reforma que entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura en 2027.
Este proyecto de reforma ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), cuya directora para las Américas, Ana Piquer, ha alertado de que esta reforma electoral constituye un “intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”.
La reforma, agrega AI, se suma a un “proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas”.