El centro de detención de migrantes conocido como “El Alcatraz de los caimanes”, construido en tiempo récord en medio de los Everglades de Florida como símbolo de la política migratoria del gobernador Ron DeSantis y del presidente Donald Trump, cerrará sus puertas en junio, menos de un año después de su inauguración.
Según reportaron el New York Times y CBS News, los proveedores del centro fueron notificados este martes de que los últimos detenidos serán trasladados a principios de ese mes y que el sitio será desmantelado en las semanas siguientes.
El cierre fue motivado principalmente por los costos operativos disparados, que se estiman ahora en casi 1.000 millones de dólares en total, con un gasto de más de un millón de dólares diarios. Florida construyó y operó el centro con fondos estatales bajo la promesa de que el gobierno federal reembolsaría los gastos. El estado aún espera recibir los 608 millones de dólares que ha solicitado al gobierno federal.
Una vez que los aproximadamente 1.400 detenidos sean trasladados a otros centros federales o deportados, las autoridades estatales comenzarán el proceso de desmantelamiento, que incluye retirar las cercas, los remolques y las demás estructuras levantadas en el sitio. Ese proceso tomará entre dos y tres semanas adicionales. Tras la demolición, el lugar volverá a funcionar como el pequeño aeropuerto de entrenamiento de pilotos que era antes.
El centro abrió el 3 de julio de 2025 en el aeropuerto de entrenamiento Dade-Collier, ubicado en Ochopee, en pleno corazón de los Everglades, a menos de 60 kilómetros al oeste de Miami.
Desde su apertura, el centro procesó a cerca de 22.000 detenidos. Los datos de ICE indican que de los casi 1.400 hombres detenidos actualmente, 900 no tienen antecedentes penales.
Desde el primer día, el centro enfrentó el rechazo de legisladores demócratas, grupos de derechos de los inmigrantes, ambientalistas y comunidades indígenas cuyos territorios colindan con el sitio. Congresistas demócratas que visitaron el centro describieron a cientos de migrantes confinados en jaulas, sometidos al calor extremo, infestaciones de insectos y raciones de comida escasas.
Las familias de los detenidos también expresaron alarma por las dificultades para acceder a abogados, lo que derivó en una demanda judicial que resultó en una orden que obligó a garantizar mejor acceso a representación legal y llamadas telefónicas confidenciales sin monitoreo. Una petición pública para cerrar el centro acumuló más de 53.000 firmas.
Aunque el centro superó varios intentos legales de cierre, incluyendo una orden de un tribunal inferior que fue revertida por un tribunal de apelaciones el mes pasado, la combinación de costos, demandas ambientales y presión política terminó por inclinar la balanza.
El gobernador Ron DeSantis, quien impulsó el proyecto como punta de lanza de su alineación con la agenda migratoria de Trump, asumió el cierre sin mayor contrariedad. “Siempre fue diseñado para ser una instalación temporal. Ha tenido un gran impacto. Y si apagamos las luces mañana, podremos decir que cumplió su propósito porque fue responsable de ayudar con casi 22.000 extranjeros ilegales”, dijo en una conferencia de prensa.