La Fiscalía peruana informó este viernes de que el fiscal superior Rafael Vela, que coordina el Equipo Especial que investiga la trama de corrupción Lava Jato, consiguió retomar la cooperación jurídica con Brasil en el caso Odebrecht.
“La reactivación de la Cooperación Judicial Internacional permitirá que los testigos brasileños Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros, declaren el próximo 16 y 17 de enero en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, por los aportes de la campaña 2011″, expresó el Ministerio Público en un comunicado.
En este sentido, la Fiscalía peruana indicó que el Equipo Especial de Lava Jato “retomará las actuaciones pendientes, declaraciones y decodificación de codinomes (seudónimos de las personas implicadas) en las fechas que la justicia brasileña señala”.
El caso Odebrecht es la principal causa derivada de la mediática operación Lava Jato, que estalló en Brasil, y que posteriormente implicó a la constructora en una red internacional, con la que había instaurado la corrupción a nivel institucional en más de una decena de países de América Latina, con implicados como el electo presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el paraguayo Horacio Cartes.
Después de Brasil, Perú es el país donde más fuerza ha cobrado el escándalo. Tanto es así que los últimos presidentes del país, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, están siendo investigados por sus supuestos vínculos con la trama, sin olvidar a Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por la Policía.
Llamaron a juicio a 36 personas en Panamá por sobornos de Odebrecht
En noviembre de este año, un juzgado de Panamá decidió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales para la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo donde están imputados los expresidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
La jueza Baloisa Marquínez “resolvió abrir causa penal” contra 35 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales y a una por delitos contra la economía nacional, informó el Órgano Judicial en un comunicado difundido en la noche del lunes.
Marquínez también “sobreseyó provisionalmente” a otras once personas, según la nota, donde no aparecen nombres ni detalles de las personas llamadas a juicio ni las sobreseídas.
El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.
Por este caso, están imputados los expresidentes panameños, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó en la audiencia preliminar, celebrada en septiembre, enviar a juicio por presuntamente blanquear capitales provenientes de Odebrecht.
Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de la constructora a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 y 2014.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina.
En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
Los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mientras su padre era presidente de Panamá.
Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la empresa brasileña “se dieron sobrecostos” durante el gobierno de Martinelli, en el que Varela fungió como vicepresidente. Este último también habría recibido dinero durante su primer año de mandato.
“Era la persona encargada de concretar reuniones”. Con este argumento, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general de 18 años al exfuncionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Juan Sebastián Correa Echeverry, por recibir $100 millones de pesos, precisamente, por hacer la tarea de coordinar reuniones entre el exdirector de la entidad y el expresidente de Odebrecht en Colombia, en las que se hicieron acuerdos ilegales para hacer adiciones al contrato de concesión de la Ruta del Sol, en el tramo Ocaña - Gamarra”.