La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela ha realizado una serie de inspecciones y registros a las residencias de miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional opositora encabezada por Dinorah Figuera, quien hoy es buscada por las autoridades venezolanas y se encuentra exiliada en España.
“En este momento se está procediendo a allanar mi vivienda en Los Rosales, Caracas”, ha denunciado en Twitter Figuera, que ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de emprender una estrategia de “terrorismo de Estado” dentro de “una larga lista” de violaciones de los derechos humanos.
Figuera no ha sido la única en denunciar estas órdenes de registro en sus propiedades en Venezuela, pues también lo hizo la vicepresidenta de la Asamblea opositora, Auristela Vásquez, cuyos registros en su propiedad fueron realizados en Caracas.
“Estos hechos buscan amedrentar a los que pensamos de forma diferente y violar la institucionalidad de este Parlamento democrático”, denunció la mano derecha de Figuera en la Asamblea.
La oposición ha abogado por seguir trabajando “para devolverle la democracia al pueblo” y ha reclamado al Gobierno el cese de “la persecución, amedrentamiento y violación a los derechos civiles y políticos” de la Asamblea considerada “legítima”, presidida por Juan Guaidó hasta principios de este mes.
La misma Asamblea Nacional emitió un comunicado que fue publicado en su cuenta de Twitter en el que condenan “de forma contundente” los allanamientos a las viviendas de los miembros ejecutivos del organismo.
El pasado 9 de enero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que realizó una petición a la interpol en el que se solicitaba emitir una alerta roja de arresto contra la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional venezolana que fue elegida en el 2015 y que es controlada por la oposición.
Entre los mencionados por Saab se encuentra la presidenta de la asamblea Dinorah Figuera Tovar, del partido Primero Justicia y que vive en España desde que se vio obligada a huir del país junto a otros diputados y funcionarios de la asamblea opositora de Venezuela.
A Figuera se le acusa de “robo de activos” venezolanos, usurpación de funciones, asociación para delinquir y traición a la patria, y lo que busca esta orden de detención es también incautar y asegurar los bienes de los mencionados así como también bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias.
Saab ha vinculado directamente la existencia de este poder legislativo paralelo con las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. “En activos y recursos bloqueados, retenidos o confiscados fuera del país; se calcula que a Venezuela se le ha causado un daño patrimonial que puede ubicarse por encima de 30.000 millones de dólares”, ha resaltado el fiscal.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa brindándole apoyo a la Asamblea, a quien le ha otorgado una licencia especial para que pueda seguir controlando los activos bloqueados en el exterior. El Departamento del Tesoro norteamericano actualizó sus reglas para dejar a la Asamblea en el exilio al margen de los vetos impuestos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Durante los últimos años, el gabinete constituido por Guaidó, en calidad de presidente del Parlamento opositor, se había erigido en garante de los activos que mantienen bloqueadas administraciones como la estadounidense.
Ahora, al menos Washington garantiza que no cederá ninguno de estos fondos al chavismo, con o sin Guaidó al frente de la cámara opositora, un gesto que la Asamblea Nacional que se autodescribe como “legítima” ha querido agradecer con un comunicado.
Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre del 2022, la Asamblea Nacional de Venezuela le puso fin a la presidencia interina de Juan Guaidó después de las recientes críticas recibidas por no haber alcanzado los objetivos por los que se le eligió en el 2019.
De esta manera, se dió luz verde a la reforma del Estatuto que rige la Transición, una norma que se firmó en el 2018 y con el que la oposición buscaba llenar el vacío de poder.
Con esta decisión, la oposición venezolana puso fin al mandato de un Guaidó que en las últimas semanas había recibido las críticas de algunos de los partidos contrarios a Maduro por considerar que, tras casi cuatro años, no había cumplido con los objetivos esperados.
Con información de Europa Press*