El expresidente argentino fue imputado el pasado 29 de febrero por supuesta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos. La medida abarca otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, incluidos el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero.
En su primera imputación como expresidente, Fernández fue acusado de haber contratado un “bróker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informó la agencia oficial Telam. Además del expresidente, también fueron imputados el extitular de la empresa pública Nación Seguros Alberto Pagliano y el bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero.
“Martínez Sosa es esposo de María Marta Cantero, secretaria de Alberto Fernández, existiendo la sospecha de que aquel vínculo podría haber determinado su rol preponderante en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros SA”, indicó el juez en su resolución donde dispone estas medidas cautelares. Esto “sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, añade el dictamen del fiscal federal Ramiro González.
La causa recayó en el Juzgado federal número 11, a cargo del magistrado Julián Ercolini, quien estaba a cargo de ratificar o rechazar la imputación. Alberto Fernández fue presidente de Argentina entre 2019 y 2023 por el Frente de Todos (centro-izquierda). Su gestión atravesó la pandemia de covid-19 y la renegociación de una deuda de la gestión anterior, la más alta de la historia que el Fondo Monetario Internacional otorgó: 57.000 millones de dólares, de los cuales Argentina recibió 44.000 millones, según informó el medio NTN24.
Su gobierno estuvo signado por discusiones al interior de la coalición gobernante y un aumento de la inflación, la pobreza y la indigencia, aunque también de la actividad industrial y de la tasa de empleo.
A Fernández se lo investiga por presuntas irregularidades en torno a un decreto que firmó en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario al esposo de su secretaria y su amigo, Martínez Sosa, quien, además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.