La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dejó sin efecto las órdenes de detención emitidas contra un embajador y la fiscal general de Colombia, quienes habían sido señalados por la fiscalía de Guatemala por presuntos actos de corrupción, según una resolución emitida en las últimas horas, y publicada por el diario El Nuevo Siglo.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el actual embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, integraron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo impulsado por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de investigar estructuras de corrupción dentro del Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.
Como resultado de las investigaciones desarrolladas por la CICIG, varios altos cargos fueron encarcelados; por ello, de acuerdo con distintos organismos internacionales, las órdenes de detención emitidas posteriormente se interpretarían como una medida de represalia dirigida contra Camargo y Velásquez.
Una sala de apelaciones ordenó la detención de los funcionarios a mediados de 2025, luego de que la fiscalía guatemalteca los acusara de obstruir la justicia y de tráfico de influencias, entre otros delitos.
La decisión judicial señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.
Pero la Cámara de Amparo de la Corte Suprema, en una resolución publicada por la prensa local, resolvió que la sala “se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (...) al emitir ilegalmente órdenes de captura”.
Camargo y Velásquez gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.
“A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala”, señaló Velásquez en X.
Luz Adriana Camargo, quien actualmente dirige la Fiscalía General de Colombia, formó parte del área de Investigación y Litigación de dicha comisión mientras esta se encontraba en funciones.
Asimismo, ambos están vinculados al caso Odebrecht, en el cual se investiga la entrega de sobornos por parte de la constructora brasileña a funcionarios guatemaltecos, con el propósito de obtener contratos de obra pública.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la acusan de “corrupta y antidemocrática”, dejará el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien está enfrentada tras intentar impedir su investidura hace dos años.
La Cicig fue cancelada unilateralmente por el presidente guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
Con información de AFP*