Paraguay vivió esta semana una situación inédita y grave. El martes, el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos, en una población de un poco más de 6 millones de habitantes.
La situación fue tan grave y caótica que el presidente Santiago Peña se vio obligado a renunciar. “Me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida… La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, aseguró.
Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025. La oposición lo acusa de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.
Tras la revelación del escándalo, el presidente pidió y consiguió la renuncia del titular del Banco Central. También promulgó una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos.
En un trino escribió: “Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay. Además, acordamos con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas”.
“Asimismo, esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas. Insto a los legisladores de todos los sectores a aprobarla con la mayor celeridad. El Banco Central debe informar a toda la ciudadanía los plazos y mecanismos de devolución de los fondos garantizados. Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la justicia, sin excepciones y sin privilegios”, agregó en esa publicación.
Pero las medidas del ejecutivo no alcanzaron. Un grupo de diputados opositores consiguió el miércoles las firmas necesarias para presentar la acusación contra Peña.
Además, los paraguayos se volcaron a las calles. Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.
Los paraguayos tenían razón en su desespero. La aplicación del banco se quedó en blanco y sacar el dinero se convirtió en un imposible.
La presión que eso generó en la política fue enorme y para este jueves ya estaban las mayorías para iniciar el juicio político contra el presidente.
“Como titular del Congreso de la nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”, escribió Basilio Gustavo ‘Bachi’ Núñez Giménez, presidente del Congreso antes de la dimisión.
La renuncia del primer mandatario cambió las cosas y ahora la crisis en Paraguay es otra. “La Cámara de Diputados de Paraguay desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana, quien tuvo que asumir en el cargo tras la renuncia de Santiago Peña. La votación arrojó 48 votos por el rechazo y 30 a favor de la acusación constitucional”, según informó el diario ABC. Alliana asumirá el cargo formalmente una vez que el Congreso acepte la renuncia de Peña”, reportó el diario El Clarín.
*Con información de AFP.