Alicia Arruti, quien comenzó el proceso de cambio de género gracias a una ley del gobierno de izquierda español, teme que un triunfo de la derecha en las elecciones del 23 de julio signifique un “claro retroceso” para la comunidad LGBTIQ+.
“Si hubiese sabido de este adelanto electoral, probablemente con más razón habría querido cuanto antes poder iniciar el proceso” para que estuviera finalizado antes de las legislativas, dice a la AFP esta joven de 16 años en el jardín de su casa en Ponte Caldelas, una pequeña localidad en Galicia (noroeste).
Con el cabello castaño hasta los hombros y un vestido azul marino, Alicia se siente niña desde los 8 años. Tras decidir cambiar su nombre y someterse a un proceso de hormonación, ahora espera su documento de identidad modificado obtenido gracias a una ley aprobada en febrero por el Parlamento español, que permite a los mayores de 16 años cambiar libremente de género sin necesidad de autorización judicial, paternal o médica.
Una legislación que los conservadores del Partido Popular (PP) han prometido derogar si ganan las generales, tal y como pronostican las encuestas. La ley que permite la autodeterminación de género “atenta contra los menores, atenta contra la tutela y la guardia potestad de los padres, contra el sentido común”, ya que “es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad (examen de acceso a la universidad), que sacarse el carnet de conducir”, reprochó en junio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Con un collar azul, rosa y blanco, los colores del colectivo transgénero, Alicia, quien ha contado con el apoyo de su madre, dice que le preocupa aún más que el PP necesite para gobernar el apoyo del partido de extrema derecha Vox. Eso implicaría, a su juicio, “un claro retroceso” para las personas transgénero luego de los derechos logrados bajo el actual gobierno.
Sin banderas arcoíris
Gran vencedor de las elecciones municipales y regionales de mayo, el PP se ha aliado con Vox para gobernar en varias regiones y ciudades. En algunas localidades, por presión de Vox, no se colocó o se retiró de edificios públicos la bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTIQ+, durante el mes del Orgullo, lo que generó polémica.
En Madrid, Vox desplegó unos días antes de la marcha del Orgullo del 1.° de julio, una de las más importantes de Europa, una enorme pancarta en la que invitaba a tirar a la basura la bandera arcoíris. “La derecha y la ultraderecha están lanzando unos mensajes de odio y están amenazando con borrarnos de la vida pública”, denunció el día de la marcha Alicia García Raboso, mujer trans de 42 años.
Valeria Carrión Álvarez, analista financiera de 47 años, no descarta irse de España en caso de un retroceso en los derechos de las personas transgénero. Si el PP llega al Gobierno y “dificulta el acceso al tratamiento médico (la hormonación) eso puede ser una razón para que me vaya del país”, dice a la salida del registro civil para cambiar de género.
“Discursos de odio”
Según las últimas cifras del Ministerio del Interior, los delitos contra la orientación sexual y la identidad de género aumentaron un 65,7 % entre 2020 y 2022 en España, un país, sin embargo, conocido por su tolerancia con el colectivo LGBTIQ+ que legalizó el matrimonio homosexual hace casi 20 años.
Uge Sangil, presidenta de la federación nacional LGBT (FELGTBI+), afirma que ese ascenso se debe a que “los discursos de odio hacia el colectivo LGBTIQ+ (...) han aumentado (...) desde que la ultraderecha entra en las instituciones”, en 2019.
Valeria observa una “normalización de las opiniones de ultraderecha” sobre las personas transgénero en bares, oficinas, “en ciertas reuniones familiares”. “Aunque somos valientes y resilientes, también nos preocupa y nos da miedo. No queremos volver a los armarios, no vamos a volver a los armarios”, afirma Uge Sangil.
*Con información de la AFP.