La Fiscalía General de Paraguay ha llevado a cabo este domingo, 8 de noviembre, un registro en un inmueble atribuido al expresidente Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino, en el marco de las investigaciones por el descalabro financiero y la quiebra de la entidad Ueno Bank.
Según ha informado el diario paraguayo ‘ABC Color’, durante el registro de la propiedad los agentes han hallado una bóveda oculta tras una pared falsa provista de un complejo sistema de seguridad blindado que no ha podido ser abierto de forma inmediata.
“La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israelí”, dijo el diario paraguayo.
La vivienda está valorada en unos 7.700 millones de guaraníes y financiada mediante dos préstamos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024.
La diligencia, encabezada por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, junto con efectivos de la Policía Nacional, se ha producido en el inmueble ubicado en la zona de Ciervo Cuá.
El procedimiento forma parte de las actuaciones emprendidas tras la imputación y prisión preventiva decretada contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.
Alliana ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno “no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema”, según informó en X.
El nuevo mandatario informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.
El banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes -la mitad de la población del país- quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.