El ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera Escudero, presentó formalmente su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al Poder Ejecutivo, en medio de la controversia financiera provocada por el colapso de Ueno Bank.
Su salida se produjo pocas horas después de que el presidente Santiago Peña anunciara su dimisión y manifestara su disposición a comparecer ante la Justicia en caso de que prospere un eventual juicio político.
La desvinculación de Riera quedó establecida a través del Decreto N.º 7199, en el que el Gobierno reconoció los servicios prestados por el funcionario y designó temporalmente al viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González, como responsable de la cartera.
Con esta decisión, el exministro vuelve a ocupar su escaño en el Senado, justo antes de la sesión convocada para este viernes a las 10:00, en la que el Congreso analizará si da luz verde al proceso de juicio político contra Peña, de acuerdo con el periódico paraguayo ABC.
Antes de abandonar sus funciones, Riera había sido el encargado de llevar al Congreso la carta mediante la cual Peña formalizaba su intención de dejar la Presidencia.
No obstante, el Legislativo rechazó esa posibilidad ante las sospechas de que el mandatario buscara acceder a un puesto en el Senado y ampararse en los fueros parlamentarios para evitar una eventual comparecencia ante la Justicia.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, enfrentará un juicio de destitución en medio de una crisis bancaria que lo llevó a presentar su renuncia, mientras en las calles se desataban multitudinarias protestas que piden la salida de este aliado de Washington.
Peña sigue en el cargo provisoriamente, ya que el Congreso dejó en suspenso su renuncia mientras avanza el proceso de destitución en su contra.
Miles de personas protestaban por tercera noche consecutiva en la capital Asunción y otras ciudades de este país sudamericano, como Ciudad del Este.
Los manifestantes reclaman poder retirar su dinero tras el colapso de Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.