En medio de la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales entre el Gobierno de Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez en Venezuela, un revelador informe de The New York Times cuenta cómo funcionaba el aparato de corrupción que se mantuvo durante el régimen de Nicolás Maduro.
Por cada dos dólares que Venezuela obtuvo de la venta de petróleo a principios de esta década, un dólar fue robado. Esa es la conclusión central de una investigación publicada este lunes por el diario neoyorquino, basada en documentos internos de PDVSA y estadísticas del banco central venezolano.
El informe revela la magnitud del saqueo durante los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro y el papel protagónico de un familiar de la primera dama Cilia Flores en ese esquema.
Según el Times, empresas fantasma controladas por Carlos Malpica Flores, sobrino de Flores y exjefe de finanzas de PDVSA, exportaron petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares en 2021 y 2022 sin pagar suma alguna a la empresa estatal.
Esa cifra representó la mitad de todos los ingresos petroleros de Venezuela en esos dos años. A finales de 2022, la junta directiva de PDVSA hizo un balance interno y contabilizó cerca de 240 buques petroleros que habían zarpado sin efectuar el pago entre 2019 y 2022, lo que representó una pérdida de 13.000 millones de dólares para el Estado venezolano. Estas ventas no registradas oficialmente parecen haber violado la legislación venezolana vigente, que otorgaba a PDVSA la custodia exclusiva de la riqueza petrolera del país.
El Times describe a Malpica como el custodio de la riqueza de la familia Maduro, según varios funcionarios petroleros venezolanos y personas con información privilegiada del sector que hablaron bajo condición de anonimato.
Malpica convenció a Maduro de permitirle gestionar los tratos con el sector petrolero y escaló rápidamente: fue nombrado miembro de la junta del banco de desarrollo Bandes, luego tesorero nacional y finalmente jefe de finanzas de PDVSA. Cuando abandonó el sector público en 2016 para convertirse en subcontratista y comprador de petróleo, ya tenía acceso irrestricto a la riqueza del Estado.
El gobierno de Trump impuso sanciones a Malpica en diciembre de 2025, alegando que había “facilitado la corrupción continua del régimen de Maduro”. Desde la caída de Maduro en enero, Malpica parece haber perdido el acceso directo a las ventas de crudo, pero según personas cercanas a la industria, continúa obteniendo beneficios a través de sus empresas, que operan yacimientos petrolíferos, prestan servicios a PDVSA y transportan productos petrolíferos a nivel local.
Según The New York Times, algunos beneficiarios de los esquemas de comercio petrolero opacos de la era Maduro han seguido haciendo negocios discretamente con PDVSA bajo la gestión de Delcy Rodríguez. El diario señala que no está claro cuánta corrupción estaría dispuesta a tolerar la mandataria interina con tal de mantener su control sobre su gobierno, que sigue lleno de aliados de Maduro.
Todo esto se da mientras Trump impulsa su plan de atraer 100.000 millones de dólares en inversión estadounidense al sector petrolero venezolano, que depende de demostrarles a los ejecutivos del sector que Washington puede garantizar el Estado de derecho en el territorio venezolano.