Este miércoles, un grupo de aliados del gobierno de Donald Trump, pertenecientes al movimiento Make America Great Again (MAGA), publicó un plan de acción para llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
El plan, compartido por la Mass Deportation Coalition, una organización liderada por algunos veteranos cercanos al entorno de Trump, se basa en un pilar clave: aplicar de forma estricta la ley de inmigración en los lugares de trabajo.
De este modo, se busca seguir un modelo similar al de la administración del expresidente Dwight D. Eisenhower, quien llevó a cabo una de las mayores iniciativas de deportación en la historia del país norteamericano.
“No hay posibilidad de un programa de deportación masiva si el control en los lugares de trabajo no es el eje central”, señala el documento compartido con el diario estadounidense Politico.
“El control a gran escala implica centrarse en las zonas físicas donde se concentran los inmigrantes indocumentados: los lugares de trabajo”, añade el texto.
Cabe recordar que una gran parte de las personas indocumentadas en Estados Unidos trabaja en sectores como la construcción, con cerca de 1,4 millones de empleados; los servicios de alojamiento, alimentación y entretenimiento, con aproximadamente 1,09 millones, según un informe del Migration Policy Institute.
En este sentido, la aplicación de una medida de este tipo podría generar divisiones incluso entre sectores cercanos a Trump, especialmente entre empresarios vinculados a las industrias agrícola, de la construcción y de la hostelería, altamente dependientes de la mano de obra de trabajadores indocumentados.
Estos planteamientos surgen en un momento en que la política migratoria del Gobierno enfrenta cambios importantes dentro del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Por una parte, el zar de la frontera, Tom Homan, reemplazó al jefe del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Greg Bovino, en Minneapolis y redujo la presencia de agentes de inmigración en la ciudad.
De igual forma, el mandatario estadounidense despidió a Kristi Noem como secretaria del DHS. En su reemplazo fue nombrado el entonces senador Markwayne Mullin. Este último ha dado algunas pistas sobre lo que podría ser la nueva política migratoria del gobierno, aunque sin revelar muchos detalles.
En declaraciones a reporteros durante una visita a Carolina del Norte, el secretario señaló que para su administración “no tiene sentido procesar viajeros internacionales” si las ciudades no están “haciendo cumplir la ley migratoria”.
Las llamadas “ciudades santuario” son jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, con el objetivo de evitar que la policía local participe activamente en la detención o deportación de inmigrantes indocumentados.
“No creo que las ciudades santuario sean algo legal”, agregó el funcionario, en medio del debate sobre el rumbo que tomará la política migratoria estadounidense en los próximos meses, considerando que miles de turistas viajarán en junio y julio por el Mundial de Fútbol.