La agencia anunció el fin de la orden que obligaba a reducir operaciones por la escasez de controladores durante el cierre del gobierno, pero advierte que la red aérea tardará unos días en estabilizarse.
Fin de la orden y retorno a operaciones normales
Durante el cierre federal, el más largo en la historia reciente del país, la FAA implementó una orden de emergencia que obligaba a las aerolíneas a recortar porcentajes de sus vuelos en 40 aeropuertos de mayor tráfico.
La medida tuvo como objetivo mitigar riesgos asociados con la falta de personal en las torres y centros de control, donde se reportaron ausentismo, fatiga y, en algunos casos, incidentes vinculados a la separación entre aeronaves.
Inicialmente las reducciones llegaron a niveles del 4% y luego hasta 6%, con la posibilidad de aumentos mayores si la situación empeoraba.
El Departamento de Transporte y la FAA anunciaron que las operaciones volverán a la normalidad a partir del lunes 17 de noviembre a las 6 a.m. ET, tras una evaluación de seguridad y operación que mostró mejoras en los niveles de personal y una caída en incidentes relacionados con la falta de controladores.
Impacto real en viajeros y aerolíneas
Las restricciones durante el cierre provocaron miles de cancelaciones y demoras en todo el país, afectando hubs clave como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Atlanta.
Aunque las cancelaciones se redujeron significativamente en los días previos al anuncio, el daño operativo ya se había sentido en las aerolíneas (ajustes en tripulaciones, aviones fuera de posición, y congestión en escalas), lo que deja un margen de recuperación que puede tardar días.
Las compañías aéreas y los pasajeros aún pueden experimentar retrasos puntuales mientras la red se reajusta.
Desde una perspectiva de seguridad operacional, la FAA defendió la medida como preventiva, ya que menos vuelos reducen la complejidad en sectores con personal limitado, lo que disminuye la probabilidad de errores humanos en separación y coordinación.
Los críticos, incluidos ejecutivos de aerolíneas y algunos analistas, señalaron que la política también amplificó el costo económico y la interrupción a pasajeros, y pidieron planes más flexibles que prioricen seguridad sin recurrir a cortes uniformes cuando el impacto operacional varía por aeropuerto.
El balance entre prudencia y proporcionalidad fue el eje del debate técnico y político.
La decisión de la FAA de poner fin a los recortes obligatorios en 40 aeropuertos representa un hito que indica que las autoridades consideran que la presión sobre el sistema ha disminuido lo suficiente como para volver a operar con normalidad.
Sin embargo, el episodio deja en evidencia vulnerabilidades estructurales, recursos humanos, resiliencia operativa y herramientas de gestión de crisis, que deben ser atendidas para evitar que una situación política vuelva a traducirse rápidamente en un trastorno masivo en la movilidad aérea.
La industria y los reguladores tendrán que convertir estas lecciones en políticas concretas antes de la próxima temporada alta.