La Fiscalía federal de Estados Unidos sostiene que Nicolás Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes mexicanos cuando fue canciller.
Estas acciones habrían intentado facilitar operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, bajo la cobertura diplomática.
La acusación forma parte de un proceso judicial en curso en una corte federal de Nueva York.
De acuerdo con lo que se registra en medios internacionales como T13, la imputación contra Nicolás Maduro se encuentra contenida en un escrito de acusación presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Fiscales estadounidenses detallan una supuesta conspiración criminal de más de dos décadas vinculada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
En ese documento, el Ministerio Público afirma que, entre 2006 y 2008, cuando ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro “vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que sabía que eran narcotraficantes”, con el fin de facilitar el traslado de ganancias ilícitas desde México hacia Venezuela bajo protección diplomática.
La acusación sostiene que esos pasaportes permitieron a los traficantes eludir controles migratorios y policiales.
También se habrían utilizado vuelos privados con cobertura diplomática para transportar dinero procedente del narcotráfico sin supervisión de las autoridades.
Así mismo, el documento judicial señala que la presunta colaboración se extendió a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, entre otros grupos armados.
Esto habría hecho parte de una estructura que la Fiscalía describe como una conspiración internacional de narcoterrorismo.
La acusación contra Maduro hace parte de un expediente más amplio que incluye cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas de guerra, según el documento judicial presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de la supuesta red era introducir toneladas de cocaína en el mercado estadounidense mediante rutas aéreas y marítimas, con apoyo logístico y protección institucional desde Venezuela.
En comunicados oficiales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reiterado que el caso se basa en una acusación formal presentada ante un gran jurado federal.
Esto implica que los hechos descritos constituyen alegaciones que deberán ser probadas en juicio.
Las autoridades judiciales también han señalado que el proceso contempla la posibilidad de decomisar bienes derivados de actividades ilícitas y establecer responsabilidades penales individuales de los acusados, como se registra en SEMANA.
La Fiscalía federal ha incorporado recientemente nuevos elementos a la causa, lo que podría ampliar el alcance de las imputaciones y la lista de implicados.
El tribunal deberá determinar en las próximas audiencias si admite diligencias adicionales y cómo avanza el proceso contra el exmandatario y otros altos funcionarios venezolanos incluidos en el expediente.
Mientras tanto, Maduro ha negado las acusaciones y se ha declarado inocente en las primeras etapas del proceso judicial.
Este es un caso que ha generado tensiones diplomáticas y un debate global sobre el alcance de la justicia estadounidense frente a líderes extranjeros.