El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que conmutaba las condenas a muerte del estado por cadena perpetua, una medida que beneficiará a 548 presos.
“He decidido ejercer mi facultad constitucional de clemencia para conmutar todas las condenas a muerte de California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, informó Newsom en un comunicado.
El estado más poblado de Estados Unidos lleva dos décadas sin ejecutar una pena de muerte, aunque los tribunales siguen imponiendo esta condena.
“Mi decisión de hoy llega tras casi tres décadas de oposición abierta, como cargo electo, a las ejecuciones sancionadas por el Estado”, afirmó Newsom, quien abandonará el cargo y suena como candidato demócrata para las presidenciales.
“Hoy actúo movido por mi convicción, arraigada desde hace mucho tiempo, de que, tanto a nivel individual como colectivo, somos más fuertes como sociedad cuando rechazamos los asesinatos sancionados por el Estado”.
La decisión es en gran medida simbólica en un estado que no ha ejecutado a ningún preso desde 2006, pero los expertos recuerdan que una decisión de este calibre ahorraría millones de dólares en costas judiciales cada año.
Newsom ha anunciado esta medida solo dos días después de conocer a su sucesor al frente del estado, el también demócrata Xavier Becerra, primer latino en desempeñar el cargo.
“Ahora podremos permitir que estos criminales mueran en la oscuridad mientras recordamos y honramos a las víctimas para siempre”, ha manifestado a través de una carta dirigida a la población del estado.
La medida implica que los presos beneficiados ya no podrán ser ejecutados y, en su lugar, cumplirán cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Aunque no recuperarán su libertad, la decisión supone un freno a la aplicación de la pena capital en California.
Entre sus principales implicaciones está el fortalecimiento de la postura de Newsom contra la pena de muerte, una posición que también tiene relevancia en el debate político nacional.
Asimismo, podría reducir los costos judiciales y administrativos asociados a este sistema. Sin embargo, la decisión no elimina legalmente la pena de muerte en el estado, por lo que todavía podría imponerse en nuevos procesos judiciales. Se trata de un cambio en las condenas, no una abolición definitiva.