La administración Trump ha ordenado a sus dependencias federales investigar a fondo los antecedentes de refugiados que entraron a Estados Unidos bajo el gobierno del demócrata Joe Biden.
Según un memorando revisado por Reuters, la orden tiene previsto realizar una “revisión amplia” alrededor de 233.000 refugiados que habrían ingresado al país norteamericano entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.
Trump ha disminuido considerablemente las medidas que le otorgan beneficios migratorios a extranjeros que solicitan refugio, y hace parte de la fuerte política antiinmigratoria del republicano, que pretende llevar a cabo las mayores deportaciones en la historia de EE. UU.
Revisión exhaustiva de los criterios para permanecer en el país como refugiado
El memorando indica que La agencia cancelará el estatus de refugiado de las personas que ya se encuentran en Estados Unidos, si se determina que no cumplen los criterios de refugiado.
“Cuando corresponda, el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) también revisará y volverá a entrevistar a los refugiados admitidos fuera de este plazo”, sostiene el memorando firmado por el director de la agencia migratoria, Joe Edlow.
Además, la misiva reportada sugiere que en la era Biden se habría priorizado la cantidad, rapidez y la pronta admisión, que llegó a 100.000 solicitudes aceptadas durante el año fiscal de 2024.
Sin embargo, este modo de trabajo posiblemente disminuyó la calidad de las entrevistas y, por lo tanto, no se tuvo una evaluación exhaustiva de los casos presentados, señala la agencia federal.
La arremetida de Trump contra los refugiados
Para el año fiscal 2026, Trump solo aceptará 7.500 refugiados, y la mayoría serán parte de la etnia de ascendencia europea conocida como afrikáners, provenientes de Sudáfrica.
Igualmente, le ha quitado dicho estatus migratorio a miles de refugiados provenientes de países con conflictos sociales importantes.
Justamente, el espíritu de la medida es darle apoyo a las personas que huyen de problemas de seguridad en sus países, y que están en capacidad de aportarle a la economía de Estados Unidos.
Se suma también a la fuerte arremetida de ICE y la Patrulla Fronteriza en ciudades de EE. UU. con fuerte presencia de extranjeros, sobre todo latinoamericanos.
Políticos y organizaciones que velan por la protección de los DD. HH. han rechazado este tipo de medidas cada vez más radicales del segundo mandato de Donald Trump.