Miles de migrantes en Estados Unidos enfrentan desde 2025 un panorama más severo: nuevas leyes y decretos endurecen los procesos de deportación, limitan las apelaciones y amplían la detención obligatoria, incluso por faltas menores.
Expertos advierten que las reformas impulsadas por la administración de Donald Trump podrían dejar a miles de personas sin derecho a defensa ni tiempo para regularizar su estatus.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y sus reformas
El soporte jurídico de toda política migratoria en EE. UU. es la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1952, que regula admisión, residencia y expulsión de extranjeros bajo el Título 8 del Código de EE. UU.
Con el paso de las décadas, esta ley ha sido modificada repetidamente para adaptarse a cambios políticos, de seguridad y sociales.
Para 2025, tres secciones de la INA se tornan especialmente relevantes, de acuerdo a lo que se indica en La Nación:
- 1225 (remoción expedita): permite la deportación inmediata de personas que no logren demostrar residencia continua en EE. UU. por al menos dos años, aunque antes esta norma se aplicaba principalmente a quienes eran detenidos cerca de la frontera.
- 1226 (detención obligatoria): regula la detención de extranjeros con antecedentes criminales durante los procesos de remoción. Con la nueva Ley Laken Riley (marzo de 2025), se endureció esta sección: se impone detención automática para quien enfrente cargos por delitos como hurto, robo o allanamiento, incluso si los cargos son menores.
- 1229a (procedimientos de remoción): define el marco legal para las audiencias ante los jueces de inmigración, incluyendo plazos, presentación de pruebas y defensa legal.
Estos cambios apuntan a acelerar el proceso de expulsión y a reducir las oportunidades que los migrantes tienen de apelar o demorar una orden de deportación.
Por otra parte, el gobierno de Trump intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones, especialmente de migrantes venezolanos vinculados a grupos criminales.
Sin embargo, un tribunal federal bloqueó su uso al considerar que solo puede aplicarse en caso de guerra o invasión formal. La decisión fue celebrada por organizaciones civiles, que advirtieron del riesgo de usar normas bélicas contra migrantes.
¿Qué cambia para los migrantes en la práctica?
Estos ajustes legales tienen impactos concretos para quienes se encuentran en situación migratoria irregular en EE. UU. en 2025:
- Menos margen para demostrar residencia continua: bajo el mecanismo de remoción expedita, un migrante que no logre probar dos años de residencia podría ser deportado sin mayor trámite.
- Detención obligatoria más frecuente: la nueva Ley Laken Riley obliga a retener a personas con cargos incluso menores, lo que reduce la posibilidad de fianza o liberación mientras se resuelven los casos.
- Audiencias aceleradas y menos espacio para defensa: las garantías procesales se restringen cuando los plazos se acortan y los jueces migratorios cuentan con mayor potestad para decidir rápidamente.
- Limitaciones legales al uso de decretos extraordinarios: la decisión judicial en Nueva Orleans limita el alcance de mecanismos como la Ley de Enemigos Extranjeros, ofreciendo un freno a deportaciones masivas sin supervisión judicial.
Los abogados especializados advierten que los migrantes, especialmente quienes tienen cargos menores o antecedentes administrativos, estarán en una posición de vulnerabilidad mayor.
La coordinación entre autoridades locales y federales, el uso de tecnologías de rastreo y la creciente presión para aplicar expulsiones rápidas presagian un futuro donde los mecanismos legales tradicionales serán puestos a prueba.