El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) ha propuesto una regla que modificaría de forma sustancial los criterios de elegibilidad para la vivienda pública y subsidios federales.
Ahora exigirá que todos los miembros de un hogar demuestren ciudadanía estadounidense o estatus migratorio elegible para poder residir en viviendas financiadas por HUD.
La medida afectaría a hogares mixtos y aumentaría la presión sobre refugios y servicios sociales en la ciudad
Aunque el texto está en etapa de propuesta y todavía en período de comentarios públicos (hasta abril de 2026), expertos y defensores de vivienda asequible advierten que sus efectos podrían ser devastadores.
Según los documentos oficiales y revisiones periodísticas, la regla eliminaría una práctica de décadas en la que familias con miembros de “estatus migratorio mixto” podían recibir asistencia proporcional prorrateada según los miembros que sí califican.
HUD argumenta que esta medida busca garantizar que los fondos federales se destinen únicamente a ciudadanos o inmigrantes con un “estatus migratorio elegible”.
Sin embargo, organizaciones civiles aseguran que el resultado sería lo contrario: la pérdida de asistencia para familias enteras incluso cuando algunos de sus miembros son ciudadanos estadounidenses.
Escala del impacto: miles de familias en riesgo
Un análisis publicado por medios como El Diario de New York, que cita a activistas locales y organismos municipales, indica que al menos 3,000 hogares en viviendas públicas podrían perder sus beneficios.
Lo anterior representaría apenas una fracción de los más de 140,000 hogares administrados por la New York City Housing Authority (NYCHA), el mayor proveedor de viviendas públicas del país.
Además, organizaciones nacionales como la National Low Income Housing Coalition (NLIHC) estiman que hasta 80,000 familias a nivel nacional, incluyendo cerca de 37,000 niños ciudadanos, podrían quedar sin asistencia.
Esto ocurriría si sus hogares tienen al menos un miembro con estatus no elegible.
Defensores de vivienda consideran que la propuesta no resuelve la escasez crónica de viviendas asequibles, sino que reitera una política de exclusión que podría aumentar la inseguridad habitacional y la presión sobre sistemas ya saturados.
Al requerir que todos los miembros del hogar califiquen, familias mixtas enfrentan la difícil opción de separarse o perder la vivienda a la que han tenido acceso durante años.
Además, informes técnicos municipales apuntan a costos adicionales para Nueva York, incluyendo mayor presión sobre los refugios, servicios sociales y atención de salud pública para personas sin hogar desplazadas por la política.
Esta no es la primera vez que se propone una medida de este tipo.
Organizaciones como National Housing Law Project y coaliciones como Protecting Immigrant Families han lanzado campañas para mantener a las familias unidas y frenar la aplicación de esta regla.
La exclusión de inmigrantes de programas de vivienda no ha demostrado ser una solución viable a la crisis de vivienda asequible.