Solicitar una visa de estudiante para Estados Unidos implica hoy algo más que demostrar solvencia financiera y admisión académica: también exige transparencia digital.
Desde este año, el Departamento de Estado aplica protocolos reforzados que incluyen el análisis del historial público en redes sociales como parte del proceso de evaluación de los solicitantes.
Esta medida, según voceros oficiales, responde a la necesidad de verificar identidad, detectar incoherencias en la información declarada y prevenir posibles riesgos para la seguridad nacional, especialmente relacionados con ideologías extremistas, discursos de odio o vínculos con grupos designados como hostiles.
Aunque esta práctica comenzó de manera discreta, actualmente se aplica de forma generalizada a quienes solicitan visas de tipo F, M o J. Las autoridades consulares pueden solicitar a los aspirantes que habiliten el acceso a cuentas públicas en plataformas como Instagram, X, Facebook, TikTok o incluso foros y blogs personales.
Negarse a mostrar ese contenido o tener las cuentas totalmente privadas puede generar dudas que afecten negativamente el proceso.
De hecho, el Departamento de Estado aclara que “una visa es un privilegio, no un derecho”, y, por lo tanto, la evaluación incluye toda la información que ayude a establecer si el solicitante es admisible o no.
Diversos reportes confirman que esta política también considera el contexto de las publicaciones, no solo su contenido.
Por ejemplo, publicaciones en tono sarcástico o memes malinterpretados podrían generar alertas si se interpretan como críticas al Gobierno, a las Fuerzas Armadas o a las instituciones estadounidenses.
A su vez, perfiles que den señales de inconsistencia con la información entregada en la entrevista o el formulario DS-160 podrían ser considerados motivos de sospecha.
Según expertos en privacidad digital, como la Electronic Frontier Foundation, esta revisión podría tener un efecto preocupante: la autocensura entre jóvenes internacionales que sienten que deben limpiar sus redes o evitar manifestar opiniones políticas, sociales o religiosas por miedo a ser rechazados.
A ello se suma la preocupación de universidades que temen que estas medidas desincentiven a estudiantes brillantes a aplicar, afectando la diversidad académica.
En países como Irlanda, India y Colombia ya se reportan testimonios de estudiantes que recibieron advertencias verbales o retrasos en sus solicitudes por publicaciones relacionadas con protestas o movimientos sociales.
El Gobierno estadounidense insiste en que estas medidas buscan salvaguardar el entorno académico de actores que puedan representar una amenaza latente, especialmente tras el incremento de tensiones globales y conflictos ideológicos que impactan incluso en el ámbito universitario.
Según el Departamento de Estado, “utilizamos toda información disponible en nuestro escrutinio de visas para identificar solicitantes inadmisibles”.
Esta revisión de redes no apunta a castigar opiniones, sino a garantizar que quienes ingresan a Estados Unidos con fines académicos no representen riesgos potenciales para la sociedad, incluso desde lo digital.