Después del tiroteo que sacudió a Washington, la administración de Donald Trump activó un paquete de restricciones migratorias sin precedentes.
Suspendió todas las decisiones de asilo, congeló visados para países considerados de “alto riesgo” y lanzó una revisión masiva de green cards ya aprobadas, en un giro que amplifica la tensión y la incertidumbre entre millones de migrantes.
Las medidas tras el atentado en las afueras de la Casa Blanca
De acuerdo a lo que informan medios como The Guardian, tras el atentado ocurrido a las afueras de la Casa Blanca, donde un ciudadano afgano disparó contra miembros de la Guardia Nacional, provocando una muerte y una herida grave, la administración de Trump activó de inmediato una ofensiva migratoria masiva, con el argumento de proteger la seguridad nacional.
En menos de 24 horas, luego del atentado realizado por un afgano, Trump ordenó la suspensión indefinida de todas las solicitudes de asilo en curso, argumentando que no puede garantizar “inspecciones y verificaciones de máximo nivel” ante lo que describió como una “amenaza grave”.
Al mismo tiempo, se paralizó la emisión de visados para personas con pasaporte afgano, incluso si tenían trámites abiertos antes del tiroteo.
USCIS también activó una revisión rigurosa y sin excepciones de todas las tarjetas de residencia permanente (green cards) emitidas a ciudadanos originarios de los llamados “países de preocupación”.
Una nómina de 19 naciones previamente bloqueadas en una prohibición migratoria de junio de 2025, que incluye países como Afganistán, Cuba, Venezuela, Irán, Somalia, entre otros.
Lo que dicen las autoridades
Las autoridades justificaron la revisión por supuestos vacíos de seguridad en los protocolos de admisión y reiteraron su promesa de aplicar un control migratorio reforzado.
“Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, declaró Trump, calificando el atentado de “acto de maldad” y presentando a los migrantes legales o en trámite como una amenaza existencial, según se registró en La Nación.
Asimismo, el plan incluye exhaustiva vigilancia sobre remesas enviadas desde migrantes, bajo la alerta de posibles riesgos de narcotráfico, lavado de dinero u organizaciones ilícitas.
Este endurecimiento, más allá de respuestas puntuales a un hecho criminal, revela una estrategia deliberada de poner en pausa y revertir los flujos migratorios hacia Estados Unidos, bajo el argumento de seguridad nacional.
Las medidas tomadas marcan un giro abrupto en las políticas migratorias con la implementación de estrategias que, al parecer, solo quieren frenar las nuevas entradas al país.
Queda por ver cómo reaccionarán en los próximos días los defensores de derechos humanos, abogados inmigratorios y las comunidades afectadas.