El Tribunal Administrativo de Antioquia acaba de abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, el director de la Adres y algunos interventores de EPS quebradas por no pagar la deuda millonaria que el Gobierno tiene con las EPS, hospitales y clínicas de Medellín.
El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, reaccionó ante la decisión.
“La justicia de nuevo nos da la razón: ayer interpusimos una solicitud urgente de desacato al Tribunal, y hoy nos acaban de notificar la apertura de desacato en contra del ministro de Salud, ministro de Hacienda, director de la Adres e interventores nombrados por Petro en SAVIA SALUD y NUEVA EPS”, señaló.
Según el alcalde, la deuda asciende a más de 2,17 billones de pesos. “Esto es gracias a la acción judicial que interpusimos desde la Alcaldía, donde se logró que el gobierno nacional y las EPS intervenidas por el gobierno Petro estuvieran obligados a pagar todo lo adeudado a las clínicas y hospitales, tanto públicos como privados de Medellín. Están jugando con la salud y la vida de la gente”, dijo.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró que esto es “inaceptable”.
“Es inaceptable que sigan jugando con la vida de la gente. El Tribunal señala que han pasado meses sin que cumplan, usando excusas de complejidad e incluso creando categorías contables ficticias para evadir los pagos”, manifestó.
“Desde Medellín no se va a permitir que la desidia administrativa ponga en jaque a nuestros hospitales; la plata de la salud es sagrada y debe llegar a quienes prestan el servicio”, agregó.
El Tribunal les dio tres días a los funcionarios implicados para que se pronuncien ante la decisión, que podría acarrear sanciones como multas o arresto.
En las últimas horas, también se había conocido que el alcalde de Medellín había decretado la emergencia hospitalaria por la crisis de la salud derivada de incumplimientos del Gobierno nacional.
El mismo alcalde había dicho que la infraestructura hospitalaria de la ciudad enfrenta dificultades en su capacidad de respuesta. Ante este panorama, el mandatario local anunció que la administración municipal iba a “radicar nuevos recursos ante las instancias judiciales con el fin de proteger la integridad de los usuarios del sistema”.
Incluso aseguró que había “trasladado una comunicación a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones, porque aquí se está burlando la justicia y esto debe sancionarse. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Gutiérrez Zuluaga.