La Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda presentada contra el decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro que ordena a los fondos privados de pensión trasladar 25 billones de pesos al régimen público administrado por Colpensiones.
La acción fue interpuesta por el ciudadano Jesús Hernando Baena, quien acudió al medio de control de nulidad contra el Decreto 415 de 2026, al considerar que la norma habría vulnerado varios artículos del Código de Procedimiento Administrativo.
La Sección Segunda resolvió: “Admitir la demanda presentada por Jesús Hernando Baena Álvarez en ejercicio del medio de control de nulidad en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Trabajo”.
El Consejo de Estado llegó a esta decisión tras considerar que el demandante cumplió con todos los requisitos necesarios para radicar la acción de nulidad contra dicho acto administrativo.
Así mismo, los magistrados de esa Sección explicaron en el auto: “El presente asunto versa sobre el decreto que reglamenta la exigibilidad del traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), materia que tiene incidencia en temas pensionales; su conocimiento está atribuido a la Sección Segunda de esta corporación, según el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019”.
Este año, el Gobierno Petro expidió dicho decreto para ordenarles a los fondos privados de pensión (AFP) trasladar, en un plazo de 30 días, cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones, correspondientes a los ahorros de personas que se cambiaron al régimen público, una medida que cobijaría al menos a 120.000 afiliados que se trasladaron por la reforma pensional.
El alto tribunal detalló que dicho acto administrativo fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, lo que le dio validez y ejecución a la orden publicada por esa cartera y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Ahora, el Consejo de Estado deberá verificar si el decreto cumplió con todos los requisitos de ley o, de ser necesario, tomar medidas provisionales mientras adopta una decisión de fondo sobre la orden del Gobierno Petro que implicaría trasladar 25 billones de pesos de los fondos privados al régimen público.